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La situación del sistema de discapacidad en Argentina atraviesa un momento crítico, marcado por recortes presupuestarios, demoras en pagos y cambios estructurales que afectan tanto a prestadores como a beneficiarios. Así lo expresó la presidenta del COPRODIS, Tatiana Antúnez, quien en diálogo con “La Última Rosca” de Radio Up, advirtió que el escenario actual es de “emergencia” y “crisis”.
“La situación actual de discapacidad en Argentina es una situación de emergencia y también es un poco de crisis porque estamos viendo muchos cambios”, sostuvo. Según explicó, las decisiones del Gobierno nacional impactan directamente en el financiamiento del sistema: “Estos presupuestos que ya no se destinan a discapacidad, empiezan a afectar toda la cadena de pagos”.
Fondos sin ejecutar y prestaciones en riesgo
Antúnez fue contundente al señalar que existen recursos asignados que no se están utilizando: “Hay fondos del Tesoro Nacional específicamente asignados al ámbito de discapacidad que hoy no están en ejecución”. Y agregó: “Estamos en crisis y en emergencia por una decisión política de la Nación de no querer ejecutar estos fondos”.
El impacto, aseguró, es directo sobre la vida cotidiana de las personas con discapacidad: “Están poniendo en riesgo la vida de muchas personas”, advirtió, al mencionar dificultades en el acceso a medicación, alimentación y ayudas técnicas.
Demoras en pagos y prestadores al límite
Uno de los puntos más críticos es la demora en los pagos a prestadores. “Es cierto que se actualiza por IPC, pero lo que no dice es que hace seis meses no están pagando”, cuestionó. En ese contexto, detalló que la situación se arrastra desde fines de 2025: “Estamos hablando de noviembre, octubre en algunos casos”.
Las consecuencias ya se sienten en el sector: “Hay prestadores que han pedido créditos, otros se han descapitalizado y llegaron a tomar decisiones drásticas de recortar servicios o cerrar directamente”.
Cambios en el sistema y más burocracia
La reestructuración del área a nivel nacional también generó complicaciones. Antúnez explicó que la pérdida de autonomía del organismo nacional derivó en mayores demoras: “Todo este circuito de pagos se extendió y hace que se demoren la medicación, los pagos a prestadores y transportistas”.
Sobre las nuevas pensiones, aclaró que no necesariamente implican pérdida de derechos: “No necesariamente se van a quitar los derechos adquiridos, pero las nuevas pensiones van a exigir certificado de discapacidad”. Sin embargo, alertó sobre requisitos socioeconómicos que podrían restringir el acceso.
Auditorías cuestionadas y fallas de accesibilidad
Otro foco de conflicto fueron las auditorías a beneficiarios. “No estaba accesibilizado el contenido, una persona con discapacidad intelectual no podía comprenderlo”, explicó, al tiempo que señaló la falta de herramientas como lengua de señas, braille o formatos accesibles.
Además, cuestionó el procedimiento aplicado: “Directamente era problema de la persona si no la encontraban en su domicilio”, incluso en casos de extrema vulnerabilidad. “Había personas postradas o en asentamientos sin dirección formal, directamente no las iban a encontrar”.
Estas irregularidades derivaron en acciones judiciales: “La justicia entendió que había vulneraciones graves y se aplicaron medidas cautelares”, que permitieron reactivar pensiones a nivel nacional.
Rechazo a cambios en la ley
Desde el Consejo Federal de Discapacidad también se expresó un fuerte rechazo a modificaciones impulsadas por el Gobierno. “Se votó por unanimidad rechazar esta modificación de la ley”, afirmó Antúnez, al considerar que es “ultra estigmatizante”.
En esa línea, criticó el enfoque oficial: “Vuelve a poner el foco en la invalidez laboral y no en la discapacidad” y advirtió que podría generar desigualdades en el sistema de prestaciones.
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“No pueden ser vistos como un gasto”
Para la titular del COPRODIS, el problema de fondo es conceptual. “La mirada de la Nación es estigmatizante: ven a las personas con discapacidad como un gasto, como una variable de ajuste”, sostuvo.
Y concluyó con una definición contundente: “La persona con discapacidad es una persona con necesidades diferentes y esos costos asociados son muy difíciles de solventar, sobre todo cuando no se puede trabajar”.
En ese contexto, reclamó un cambio de enfoque: “Necesitamos un Estado que mire desde una perspectiva de derechos y desde una cuestión más humanizada”.
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