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Representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participaron de un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, donde presentaron una serie de propuestas orientadas a aliviar la situación crítica que atraviesa el sector.
Durante el encuentro, empresarios de todo el país expusieron ante los legisladores las principales problemáticas que afectan a las pymes, entre ellas la sostenida caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, la apertura de importaciones y la disminución de la rentabilidad, factores que —según advirtieron— están derivando en cierres de empresas.
“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada”, sostuvo el presidente de la entidad, Ricardo Diab. En ese sentido, remarcó que el desafío central es reactivar la demanda interna para sostener la actividad y el empleo.
Reclamos fiscales y financiamiento
Entre los principales planteos, CAME propuso avanzar en un nuevo consenso fiscal que permita ordenar los impuestos provinciales —como Ingresos Brutos— y las tasas municipales, además de reducir la presión tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas. Según señalaron, la superposición de cargas impositivas empuja en muchos casos a la informalidad como única alternativa de subsistencia.
Asimismo, la entidad impulsó el fortalecimiento de la capacitación como herramienta para reducir la brecha entre la economía formal e informal. En ese marco, solicitó el acompañamiento del Congreso a los programas de formación que impulsa su Escuela de Negocios, orientados a mejorar la empleabilidad y la profesionalización del sector.
En materia de competitividad, los empresarios insistieron en la necesidad de avanzar con una ley de armonización del comercio fronterizo, que contemple un régimen especial para pymes en zonas limítrofes, con el objetivo de combatir el contrabando y reducir las asimetrías cambiarias.
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Cambios en incentivos y acceso al crédito
Otro de los ejes fue la revisión del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). CAME planteó reducir los montos mínimos de inversión exigidos —actualmente fijados en 150.000 dólares para microempresas y 600.000 para pequeñas— y extender el plazo para concretarlas de dos a cinco años, con el fin de facilitar el acceso a estos beneficios.
Además, reclamaron la ampliación de líneas de financiamiento, al advertir que solo una de cada tres pymes logra acceder al crédito, lo que limita su capacidad de crecimiento y sostenimiento en un contexto adverso.
Tras la exposición, legisladores nacionales señalaron que trabajan en la posibilidad de declarar la emergencia pyme a nivel nacional, una medida que podría habilitar herramientas excepcionales para asistir al sector.
La reunión contó con la participación de autoridades de CAME, entre ellos sus vicepresidentes, secretarios y representantes de federaciones y cámaras de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, quienes coincidieron en la necesidad de implementar medidas urgentes para evitar un mayor deterioro del entramado productivo.
Las propuestas de la CAME
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