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El Gobierno nacional presentó este sábado en el Senado dos proyectos de reforma sobre las leyes de Salud Mental y Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas. La iniciativa fue definida por el oficialismo tras una reunión en la Casa Rosada, donde se delineó cómo avanzar políticamente y garantizar el tratamiento de ambas propuestas en un contexto de negociación legislativa.
De acuerdo a fuentes parlamentarias, los proyectos ingresaron directamente por la Cámara alta, una decisión que responde a la intención de aprovechar la mayoría que el oficialismo logró consolidar en el Senado. Esta estrategia permitiría mayor margen de maniobra en caso de que las iniciativas sufran modificaciones cuando lleguen a Diputados.
En la reunión clave participaron figuras de peso dentro del esquema gubernamental, entre ellas Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quienes coordinaron los pasos a seguir para fortalecer la presencia del Ejecutivo en el Congreso.
Reformas y ofensiva legislativa
El envío de estos proyectos forma parte de una ofensiva política más amplia con la que el oficialismo busca recuperar iniciativa antes de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En paralelo, el Ejecutivo analiza acelerar el tratamiento de otras leyes consideradas prioritarias.
Entre ellas, aparece la denominada Ley de Hojarasca, que podría comenzar a debatirse el martes en comisión y, si no surgen obstáculos, avanzar hacia el recinto al día siguiente. En tanto, la iniciativa sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada continúa en discusión dentro del Senado, aunque aún sin fecha definida para dictamen.
Este último proyecto enfrenta resistencias de sectores de la oposición dialoguista, especialmente tras las modificaciones planteadas durante su defensa en comisiones por el ministro Federico Sturzenegger. Debido a estos desacuerdos y a los tiempos reglamentarios, se estima que su tratamiento en el recinto podría postergarse hasta mayo.
Con este paquete de medidas, el Gobierno apuesta a ordenar su agenda legislativa, consolidar apoyos y acelerar definiciones clave en temas sensibles que impactan directamente en políticas públicas.
