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La situación de la discapacidad en Misiones atraviesa un momento crítico. Con deudas acumuladas, aranceles desactualizados y centros al límite de su capacidad operativa, el reclamo al Gobierno nacional se volvió urgente. Así lo expresó el coordinador del programa Incluir Salud Misiones, Héctor Antúnez Proeza, quien detalló el impacto directo de los atrasos en los pagos del sistema federal que financia prestaciones esenciales para personas con discapacidad.
En diálogo con Radio Up, el funcionario confirmó que existen atrasos de entre cinco y seis meses en los pagos, lo que representa una deuda cercana a los 2.500 millones de pesos solo en la provincia. Sin embargo, aclaró que el problema no se reduce únicamente a la mora: los aranceles permanecen prácticamente congelados desde diciembre de 2023, con un ajuste mínimo del 5%, muy por debajo del ritmo inflacionario.
En ese contexto, la ecuación se volvió insostenible para los centros de atención.
Centros en crisis y prestaciones en riesgo
En Misiones funcionan nueve centros especializados privados que trabajan con personas con discapacidad bajo el esquema del programa Incluir. Allí se brindan servicios integrales que incluyen rehabilitación, escolaridad, acompañamiento terapéutico, alimentación diaria y transporte especializado.
Estos espacios cumplen un rol clave en la vida cotidiana de las familias, ya que permiten que los pacientes mantengan rutinas estructuradas mientras sus cuidadores desarrollan sus actividades laborales.
Pero hoy, ese sistema está en riesgo.
Los centros, explicó Antúnez Proeza, venían sosteniendo la atención incluso de manera solidaria, absorbiendo costos. Sin embargo, el aumento de gastos —especialmente en combustible, salarios y cargas patronales— terminó por desbordar la capacidad financiera de las instituciones.
“Hay costos fijos que ya no pueden afrontar. No pueden pagar su personal ni sostener el servicio”, advirtió.
La consecuencia directa es la interrupción progresiva de prestaciones, con paros escalonados que en algunos casos alcanzaron las 48 horas. En situaciones extremas, incluso, algunas familias ya comenzaron a recibir notificaciones de que sus hijos no podrán seguir siendo atendidos.
El impacto en las familias: entre la angustia y la incertidumbre
Detrás de los números, el drama es cotidiano. Según estimaciones oficiales, alrededor de 960 familias misioneras dependen directamente de este sistema.
Cuando las prestaciones se interrumpen, las rutinas se desmoronan. Las terapias no son reemplazables fácilmente en el hogar, y su discontinuidad implica retrocesos en los procesos de rehabilitación que, en muchos casos, son difíciles de recuperar.
“El día a día cambia completamente. Las familias tienen que reorganizarse y tratar de sostener lo que pueden en sus casas, pero no alcanza”, explicó el coordinador.
La atención a personas con discapacidad requiere un abordaje intensivo, interdisciplinario y personalizado, con profesionales como kinesiólogos, psicólogos, docentes y acompañantes terapéuticos. Se trata de un trabajo “casi artesanal”, describió Antúnez, donde cada caso demanda tiempo, dedicación y recursos humanos constantes.
Reclamo institucional y trabas administrativas
El conflicto tiene su origen en el funcionamiento del programa federal Incluir, que depende de Nación. Desde Misiones, el reclamo ya fue elevado formalmente por el gobernador, solicitando regularización urgente de los pagos y garantías de continuidad en las prestaciones.
Antúnez Proeza confirmó que mantuvo reuniones con autoridades nacionales, quienes reconocieron la existencia de los reclamos y señalaron que los expedientes se encuentran en el área económica a la espera de resolución.
No obstante, el funcionario apuntó también a un factor estructural que agravó la situación: la reorganización administrativa tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su traspaso al Ministerio de Salud.
Este proceso generó demoras en licitaciones, interrupciones en circuitos de pago y dificultades en la provisión de insumos, incluyendo medicación de alto costo, lo que amplía aún más el impacto del problema.
“Las gestiones quedan empantanadas. Hay buena predisposición, pero los procesos no avanzan al ritmo que la situación requiere”, sostuvo.
Emergencia y presión del colectivo de familias
El trasfondo del conflicto se vincula también con la reciente ley de emergencia en discapacidad, impulsada por organizaciones y colectivos de familias en todo el país. Esta normativa busca garantizar recursos específicos para sostener las prestaciones, ante un sistema que ya mostraba signos de desgaste.
Sin embargo, en la práctica, los fondos no están llegando con la regularidad necesaria.
En Misiones, el reclamo se intensifica no solo desde el Estado provincial, sino también desde el colectivo de padres, que exige el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
Un sistema al límite
El escenario actual expone la fragilidad de un sistema que depende fuertemente de la financiación nacional y que, ante demoras prolongadas, entra rápidamente en crisis.
Mientras tanto, la provincia enfrenta limitaciones para cubrir la totalidad de los costos, lo que deja a centros y familias en una situación de incertidumbre extrema.
“Es un desamparo que se siente en las miradas, en los rostros. Nunca nos tocó vivir algo así”, reconoció Antúnez Proeza.
El reclamo sigue su curso en el plano institucional, pero el tiempo corre y las consecuencias ya se sienten en el territorio. La continuidad de tratamientos, la estabilidad de los centros y el bienestar de cientos de familias dependen ahora de una respuesta concreta y urgente.
Fuerte ausentismo en algunos colegios de Posadas tras amenazas de tiroteo https://t.co/5KyYUOBUwz
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