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El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una situación crítica a nivel nacional, marcada por atrasos en los pagos de prestaciones y falta de definiciones sobre el financiamiento de los servicios. Así lo advirtió Sebastián Calderón, director del Centro de Día CENMI, quien en diálogo con Radio Up, señaló que el problema se arrastra desde hace meses y afecta tanto a las instituciones como a las familias.
“Es una situación bastante crítica la que se generó y se viene cargando ya desde hace un tiempo”, explicó. Según detalló, durante el año pasado se había logrado cierta regularidad en los pagos, pero el escenario volvió a deteriorarse hacia fines de 2024.
“El año pasado, a principio de año, se logró más o menos establecer una cadena de pagos de las prestaciones, pero en el mes de octubre, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Discapacidad deja de funcionar como tal y pasan estas competencias al Ministerio de Salud de la Nación como una subsecretaría, empiezan a suceder otra vez cuestiones que eran esperables, como por ejemplo el corte de los pagos o cadena de pagos”, afirmó.
Esta interrupción, explicó, tiene consecuencias directas en el funcionamiento de las instituciones. “Esto repercute directamente en las instituciones, en el funcionamiento general, así como también en el pago de los sueldos de los profesionales que trabajan en el área”, indicó.
Al mismo tiempo, la situación impacta en quienes dependen de estos servicios. “Este mal funcionamiento también repercute en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, remarcó.
Prestaciones en riesgo
El reclamo del sector se extiende a escuelas especiales, centros de día, centros terapéuticos y transportistas, que forman parte del sistema de prestaciones contemplado en la Ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
“La realidad es que esto está planteado para todas las prestaciones que están enmarcadas dentro de la ley 24.901”, explicó Calderón.
En distintos puntos del país, algunas instituciones decidieron suspender servicios como forma de protesta. Sin embargo, desde CENMI optaron por continuar con la atención.
“Nosotros consideramos que obviamente es una medida extrema. El año pasado hemos tomado la decisión de cortar el servicio, pero vemos que los que van a ser más perjudicados con esta medida son las personas con discapacidad”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que el centro brinda servicios que resultan fundamentales para muchas familias. “Particularmente como centro de día no cortamos el servicio porque nosotros brindamos no solamente el servicio terapéutico, sino también de alimentación y atendemos a una población muy grande en toda la provincia que en su mayoría son familias de muy escasos recursos”, señaló.
Cientos de personas afectadas
El impacto potencial de la crisis es significativo. Solo en los espacios que gestiona CENMI en la provincia se atiende a cientos de personas.
“Funcionamos en Posadas, Oberá y Eldorado, donde entre los servicios que brindamos tenemos alrededor de 600 o 700 personas”, explicó Calderón.
Muchos de los usuarios dependen del sistema no solo para la atención terapéutica, sino también para otras necesidades básicas.
“Nosotros aparte del servicio terapéutico tenemos el servicio de transporte, es decir, los buscamos, les brindamos el servicio y luego los volvemos a llevar a su casa”, indicó.
Atrasos prolongados
Uno de los principales reclamos del sector es la falta de pagos desde hace varios meses, lo que genera serias dificultades para sostener la actividad.
“Los pagos se cortaron en octubre o noviembre del año pasado y hay instituciones que todavía adeudan meses como julio, agosto o septiembre. No estamos hablando de uno o dos meses”, explicó.
Según señaló, algunos financiadores del sistema dejaron de abonar las prestaciones.
“Los grandes financiadores, como Incluir Salud particularmente, dejaron de pagar estas prestaciones”, afirmó.
Además, cuestionó la falta de respuestas concretas sobre la regularización de la situación.
“Desde octubre o noviembre hasta la fecha no hubo ningún tipo de movimiento y los responsables no tienen ni fecha probable de pago”, indicó.
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Un sistema con exigencias y sin recursos
Calderón también planteó la contradicción que enfrentan las instituciones, que deben cumplir con estrictos requisitos de habilitación y funcionamiento mientras esperan largos períodos para cobrar.
“Los centros no funcionan simplemente abriendo un espacio. Tenemos un montón de exigencias y esas exigencias implican un dinero mensual que si no tenés los recursos tampoco podés sostener”, explicó.
En ese marco, describió la situación como insostenible para los profesionales del sector.
“Entramos en una contradicción de mucho control pero no hay retribución. Yo puedo estar cumpliendo con todo lo que respecta al funcionamiento, pero tengo que esperar que me paguen el sueldo a los tres meses. Es una locura”, afirmó.
Un reclamo que busca respuestas
Desde el sector remarcan que la crisis afecta directamente a las personas con discapacidad y a sus familias.
“Las familias que tienen personas con discapacidad a su cargo y las mismas personas con discapacidad sufren esta realidad, estos recortes”, señaló Calderón.
También destacó el rol de los medios de comunicación para visibilizar la problemática.
“Yo considero que los medios de comunicación son muy importantes en cómo difunden estas cuestiones, porque hay gente que opina sin conocer la realidad que viven las familias”, expresó.
Finalmente, remarcó que esperan respuestas desde el ámbito nacional para garantizar la continuidad de los servicios.
“Parecería ser que la discapacidad no está en agenda nacional y eso nos llama mucho la atención”, afirmó.
Mientras tanto, desde las instituciones continúan reclamando soluciones para sostener la atención.
“Esperemos que se pueda solucionar y que puedan poner en agenda algo tan importante como la calidad de vida de todas las personas con discapacidad”, concluyó.
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