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El Gobierno nacional ratificó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y rechazó el planteo presentado por las cámaras empresarias del sector, que buscaban frenar la aplicación de los cambios introducidos en el esquema de verificación vehicular.
La decisión quedó formalizada a través del Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, mediante el cual el Poder Ejecutivo desestimó el recurso presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y por casi una treintena de empresas prestadoras del servicio.
El planteo empresarial apuntaba contra el Decreto 196/2025, que modificó el sistema de controles técnicos al extender los plazos entre revisiones y abrir el mercado a nuevos actores.
Según argumentaron desde el sector, la reforma podría afectar la seguridad vial y comprometer la “independencia de criterio” de las inspecciones, especialmente si concesionarias y talleres mecánicos tradicionales quedan habilitados para realizar las verificaciones.
Cambios en los plazos de revisión
Entre las principales modificaciones, la normativa establece que los vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de su patentamiento, ampliando el plazo anterior que exigía el control a los tres años.
Además, para vehículos con hasta diez años de antigüedad, la verificación dejará de ser anual y pasará a realizarse cada dos años, reduciendo así la frecuencia de los controles obligatorios para el parque automotor más moderno.
Apertura del mercado
Otro de los cambios centrales es la eliminación de la exclusividad territorial y operativa que tenían los centros habilitados para realizar la RTO.
A partir de ahora, las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres habilitados ni establecer bandas tarifarias mínimas o máximas, lo que, según el Gobierno, permitirá que el precio del servicio se determine por la libre competencia entre prestadores.
En ese marco, el decreto habilita a concesionarias, importadores y talleres mecánicos convencionales a ofrecer el servicio de verificación, siempre que cumplan con los protocolos técnicos establecidos. Hasta la implementación de esta reforma, la actividad estaba restringida a centros de inspección exclusivos.
Debate por la seguridad vial
Frente a las críticas del sector empresario, que advirtió sobre posibles conflictos de intereses en concesionarias que inspeccionen vehículos, el Gobierno sostuvo que la transparencia del sistema depende del control de los procesos y no de quién presta el servicio.
El argumento oficial indica además que las restricciones existentes funcionaban como barreras de entrada que limitaban la competencia y encarecían el trámite para los usuarios.
Respecto a la seguridad vial, el Ejecutivo afirmó que la mayoría de los siniestros se vinculan con factores humanos, como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad o las distracciones al volante, y no con fallas mecánicas relacionadas con la periodicidad de los controles técnicos.
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Eliminación de un requisito técnico
La reforma también dispuso la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), un documento que hasta ahora debía presentarse para validar modificaciones realizadas en los vehículos.
Con el nuevo esquema, la responsabilidad técnica recaerá directamente sobre el profesional matriculado que firme la modificación, eliminando una instancia intermedia de validación ante organismos oficiales.
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