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El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina y fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad penal. La norma fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y representa una de las reformas más significativas en materia de justicia penal juvenil de las últimas décadas.
La nueva legislación introduce un sistema de responsabilidad penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, con un esquema de penas graduadas que contempla tanto la edad del menor como las circunstancias del delito cometido. El régimen busca establecer un marco legal que combine responsabilidad penal, medidas socioeducativas y mecanismos de reinserción social, en reemplazo del sistema vigente desde la década de 1980.
La baja en la edad de imputabilidad
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que hasta ahora se encontraba fijada en los 16 años. Con la nueva ley, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados por delitos, aunque bajo un sistema judicial diferenciado del régimen penal de adultos.
El nuevo esquema contempla penas adaptadas a la condición de menores de edad, con criterios que buscan evaluar cada caso de manera particular. En ese marco, se prevé la aplicación de medidas socioeducativas, sanciones comunitarias y programas de reinserción, además de penas privativas de libertad para los delitos más graves.
La normativa también establece que el cumplimiento de las sanciones deberá realizarse en instituciones especializadas o dispositivos específicos para adolescentes, garantizando el acceso a educación, salud y acompañamiento social durante el proceso judicial y el cumplimiento de las medidas.
La votación en el Congreso
La iniciativa fue aprobada durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. El Senado dio sanción definitiva el 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, lo que permitió al oficialismo de La Libertad Avanza avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa vinculada a seguridad y política criminal.
El debate parlamentario estuvo atravesado por fuertes discusiones políticas y jurídicas en torno a la responsabilidad penal de los menores y el impacto de la medida en el sistema judicial.
Originalmente, el proyecto impulsado por el Ejecutivo proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años. Sin embargo, durante las negociaciones legislativas con los bloques dialoguistas, el Gobierno aceptó elevar el límite a 14 años con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios para su aprobación.
Este cambio permitió asegurar el respaldo de espacios como PRO y la Unión Cívica Radical, que consideraban que el piso de los 14 años representaba un punto de equilibrio más adecuado dentro del debate político y jurídico.
La comparación con otros países de la región
Con esta modificación, Argentina se alinea con varios países de América Latina que establecen la edad de imputabilidad penal en 14 años, como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana.
En otros países de la región el límite es incluso menor. Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá fijan la responsabilidad penal juvenil a partir de los 12 años, aunque en la mayoría de esos sistemas el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes prioriza medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.
Un debate que seguirá abierto
La promulgación del nuevo Régimen Penal Juvenil vuelve a poner en el centro del debate público la relación entre seguridad, justicia y derechos de la niñez.
Mientras sectores del oficialismo sostienen que la reforma responde a una demanda social vinculada al combate contra la inseguridad, distintos especialistas en políticas de infancia y organizaciones sociales plantean que el desafío principal seguirá siendo fortalecer las políticas de prevención, inclusión y acompañamiento de los jóvenes en contextos vulnerables.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, el Gobierno nacional deberá avanzar ahora en la implementación del nuevo sistema y en la articulación con las provincias, que deberán adaptar sus estructuras judiciales y dispositivos institucionales para aplicar el régimen penal juvenil en todo el país.
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