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El debate por la baja de la edad de imputabilidad sumó una nueva voz crítica. En comunicación con el programa La Última Rosca, emitido por Radio Up, el ex juez de Menores, Dr. César Jiménez, sostuvo que el proyecto representa un retroceso en materia de derechos y advirtió sobre sus consecuencias jurídicas y sociales.
Jiménez comenzó su análisis remarcando que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional en Argentina y que cualquier reforma debe respetar ese marco: “la preocupación es que es una legislación regresiva, represiva, punitivista, que intenta dar una suerte de analogía a la adolescencia con el adulto que comete un ilícito penal”.
Según explicó, el tratamiento jurídico de niños, niñas y adolescentes debe ser necesariamente especial: “esto es grave porque todo el tratamiento necesita ser un tratamiento especial cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”.
En ese sentido, señaló que en Argentina existen distintas edades establecidas para el ejercicio de derechos como los 13 años en el Código Civil para determinadas decisiones o los 16 años para votar, pero remarcó que una cosa es ampliar derechos y otra muy distinta es restringirlos.
“Una cosa es tener un derecho y otra cosa es quitarle derecho. Es decir, lo que establece el Código Civil, lo que establece la ley electoral es darle derecho. Acá en definitiva le estamos quitando derecho”.
El ex magistrado recordó que la edad mínima de 16 años fue fijada en 1954 y que el Comité Internacional de los Derechos del Niño establece que los países que ya cuentan con una edad mínima no pueden bajarla: “en los países donde hay edad mínima no puede bajarse, sí puede subirse”.
Asimismo, advirtió que una eventual reforma podría derivar en cuestionamientos internacionales: “seguramente en algún momento más tarde que temprano va a tener una apreciación dentro de los organismos internacionales y seguramente de ser así va a tener una sanción la Argentina como ya lo tuvo en el famoso caso Mendoza”.
La edad y el análisis interdisciplinario
Jiménez planteó que antes de modificar la edad de punibilidad debería realizarse un estudio serio como el que se llevó adelante en 1954, cuando intervinieron profesionales de distintas disciplinas: “la fórmula psicológica jurídica que determinó que esa es la edad, en donde se integraron psicólogos, médicos, pediatras, trabajadores sociales, psicopedagogos, para determinar esa edad”.
Sin embargo, afirmó que en el proyecto actual no existió una convocatoria amplia ni un abordaje técnico integral: “yo desconozco que haya habido un análisis serio con respecto a esto. Son simplemente consignas, conceptos, pero no se integró una comisión legislativa donde se aborde el tema con seriedad”.
También relativizó el argumento de que el acceso a la tecnología implique mayor madurez: “una cosa es tener información y otra cosa es el estado emocional de un ciudadano. Hoy con la IA puedo tener todo tipo de información, pero eso no se traduce al estado emocional”.
Consultado sobre si las cárceles están preparadas para albergar adolescentes, Jiménez expresó serias dudas y puso en cuestión el financiamiento previsto: “si recorremos la unidad penal número 4, ya vamos a dar cuenta que su mantención es bastante costosa”.
Indicó además que la ley prevé la creación de nuevas figuras jurídicas, lo que incrementaría los costos operativos: “encima hay otro operador de justicia que va a trabajar en esto, que va a acrecentar los costos, seguramente”.
Aclaró que, en caso de implementarse, el sistema debería priorizar espacios de contención y no de encierro: “la unidad sea una unidad de contención y no de encierro, porque estamos hablando de un ciudadano en proceso de desarrollo”.
Estadísticas, pobreza y política criminal
En la parte final de la entrevista, Jiménez cuestionó si el proyecto responde a una política criminal integral o a una respuesta coyuntural frente a hechos de inseguridad: “de cada 10 delitos cometidos, no llega uno cometido por menores”.
Además, vinculó el fenómeno con la situación social del país: “el 66,1% de niños y adolescentes son pobres. Estamos hablando de cerca de 7 millones de chicos que son pobres”.
Para el ex juez, la clave está en la prevención: “el Estado que no piensa en la prevención termina abordando la temática a través de la represión”.
Finalmente, ante la consulta directa sobre qué haría si tuviera que decidir, fue categórico: “no, en principio no. Rechazo totalmente bajar la edad de punibilidad desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista social”.
Y concluyó: “intentaría organizar una comisión que realmente trate el tema con seriedad”.
Con media sanción ya otorgada, el debate continuará en el Congreso, mientras crecen las voces que reclaman un abordaje integral y respetuoso de los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez.
