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El Gobierno nacional avanza con una hoja de ruta definida para sancionar la reforma laboral en febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso. Mientras el proyecto se debatía en el Senado, en la Cámara de Diputados ya se delineaba el cronograma para completar el trámite parlamentario, con un objetivo claro: convertir la iniciativa en ley antes de que termine el mes.
El esquema diseñado por el oficialismo colocó a la reforma laboral en el Senado y al Régimen Penal Juvenil en Diputados durante la primera semana de sesiones. Aunque inicialmente se preveía un tratamiento escalonado, la posibilidad de sancionar ambas iniciativas en febrero cobró fuerza, siempre y cuando el Ministerio de Economía accediera a concesiones clave para las provincias. La lógica era directa: si hay fondos, hay votos.
El optimismo no se limitó a La Libertad Avanza. También el PRO y la UCR acompañaron la expectativa de aprobar una reforma que ambos espacios impulsan desde los tiempos de Juntos por el Cambio. Pese a la cautela pública en Diputados, los bloques aliados ya fijaron el plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero, la fecha límite para dictaminar durante las extraordinarias.
“Los votos están”, aseguró una referente de un bloque clave para destrabar la definición en la Cámara baja. Las eventuales trabas no se centraban en el contenido del proyecto, sino en la discusión por los recursos, especialmente por el impacto de la reducción del impuesto a las Ganancias en la coparticipación provincial. “La discusión en el Senado es por recursos, no por temas”, sintetizaron desde el Congreso.
Desde los bloques provinciales advirtieron que el punto más sensible era la garantía de que Nación no afectaría los fondos coparticipables. “El Gobierno busca una forma de asegurarles a las provincias que no les va a manotear la coparticipación”, explicaron, aunque aún no trascendieron las herramientas concretas. También se debatían cambios vinculados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), su alcance —si abarcaría a todas las empresas o solo a pymes—, la trazabilidad de los fondos, las intermediaciones de aportes sindicales y los plazos de adecuación de estatutos. Todas estas modificaciones se realizarían sobre tablas en la sesión del 11 de febrero en el Senado.
La velocidad del tratamiento generó críticas en la oposición, que cuestionó la falta de rondas de especialistas en Diputados. Desde el PRO advirtieron que una modificación de último momento podría devolver el proyecto al Senado. En las provincias, en tanto, insistieron en que sin una reforma previsional y tributaria complementaria, la laboral pierde sentido. Desde la UCR, en cambio, minimizaron los cuestionamientos y apuntaron contra la CGT, que aún evaluaba una medida de fuerza.
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Del otro lado, las dos CTA, ATE, gremios de izquierda y sectores de la industria cinematográfica confirmaron protestas para el mismo 11 de febrero, día clave del debate en la Cámara Alta.
En paralelo, Unión por la Patria dio por perdida la batalla en el Senado y comenzó a trabajar en un proyecto alternativo. “Hubo acuerdo unánime en rechazarla”, señalaron, al tiempo que avanzaban en la redacción de un dictamen propio para cuando el texto llegara a Diputados. Sus borradores proponían ampliar la licencia por paternidad, reducir gradualmente la jornada laboral, crear un sistema de indemnizaciones vía Banco Nación y regular el trabajo en plataformas digitales.
Sin mayoría automática en ninguna de las dos Cámaras y con una oposición fragmentada, la resistencia peronista no alcanzaba para frenar el avance oficialista. Así, todo indicaba que la reforma laboral tenía altas probabilidades de convertirse en ley antes de que finalizara febrero, sostenida más por acuerdos políticos y financieros que por el consenso sobre su contenido.
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