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El Gobierno nacional presentó un pedido formal ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York para que se suspenda el proceso de discovery y la moción de desacato promovida por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF, una de las causas judiciales más sensibles que enfrenta el Estado argentino en el exterior.
La solicitud fue elevada a la jueza Loretta Preska y, según informaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), busca poner un límite a una escalada de pedidos que el Gobierno considera abusivos y carentes de sustento jurídico. En el escrito, al que accedió Agencia Noticias Argentinas, se advierte que “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.
El alcance del discovery y el planteo del Estado argentino
El discovery es una instancia procesal del sistema judicial estadounidense que permite a los beneficiarios de un fallo solicitar información para identificar bienes o activos que puedan ser embargados con el fin de ejecutar una sentencia. En este caso, el mecanismo es utilizado por los fondos que obtuvieron un fallo favorable contra la Argentina por la expropiación de la petrolera en 2012.
Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro sostienen que ese procedimiento se encuentra completamente desnaturalizado. Según el planteo oficial, los pedidos ya no apuntan a garantizar el cumplimiento del fallo, sino a ejercer presión política, financiera e institucional sobre el país, afectando el normal funcionamiento del Estado y de sus organismos.
En ese marco, el Gobierno recordó que durante administraciones anteriores la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, una situación que contrastó con la conducta adoptada desde diciembre de 2023. Desde la asunción del actual gobierno, señalaron, el país cumplió plenamente con todas las órdenes judiciales dictadas en la causa y respondió de manera exhaustiva a cada requerimiento formulado por el tribunal.
Un volumen de información “sin precedentes”
Desde la PTN destacaron que el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para aportar información relevante, con un volumen de producción documental que calificaron como inédito en este tipo de litigios. Según afirmaron, se entregó toda la información razonablemente vinculada al objeto del proceso, respetando los límites legales y los principios del derecho internacional.
A pesar de ese cumplimiento, el Gobierno advirtió que los demandantes intensificaron sus reclamos y avanzaron con solicitudes cada vez más invasivas, costosas y jurídicamente inaceptables. En el escrito presentado ante la jueza Preska, se sostiene que estos pedidos exceden claramente el alcance del discovery y se encuentran completamente desvinculados del fallo original.
La presión sobre el Banco Central y las reservas de oro
Uno de los puntos más sensibles del planteo oficial está vinculado a los recientes pedidos de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según la Procuración del Tesoro, en las últimas semanas el fondo Burford Capital escaló la presión judicial mediante una moción de desacato y solicitudes orientadas a conocer detalles sobre esos activos.
Al respecto, el Gobierno fue enfático al aclarar que las reservas internacionales son propiedad del Banco Central y no del Tesoro Nacional, por lo que se encuentran protegidas por el principio de inmunidad de ejecución. Esto implica que se trata de activos no embargables, resguardados por el derecho internacional, y que cualquier requerimiento de información con fines ejecutivos resulta improcedente.
Desde la PTN subrayaron que permitir ese tipo de pedidos sentaría un precedente grave, no solo para la Argentina, sino también para el sistema financiero internacional y para otros Estados soberanos que enfrentan litigios en tribunales extranjeros.
“Poner arena en los engranajes de la recuperación económica”
En su presentación judicial, el Estado argentino sostuvo que el discovery impulsado por los demandantes se transformó en una herramienta de hostigamiento destinada a entorpecer el funcionamiento del país. Incluso, advirtieron que los propios demandantes expresaron de forma explícita su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.
Esa conducta, señalaron, resulta inaceptable tanto desde el punto de vista jurídico como moral, ya que apunta a debilitar la capacidad del Estado para estabilizar su economía, cumplir con sus obligaciones internas y sostener el funcionamiento de sus instituciones.
La estrategia del Gobierno y la defensa de la soberanía
Finalmente, el Gobierno ratificó que la República Argentina continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos.
Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que el país actuará dentro del marco de la ley, pero con firmeza, para evitar que se vulneren sus normas internas, su Constitución Nacional y los principios básicos del derecho internacional que protegen a los Estados soberanos frente a acciones judiciales abusivas.
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