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La audiencia pública por la suba del boleto urbano en Posadas volvió a dejar fuertes cuestionamientos políticos. En declaraciones a Radio Up, la concejal María Elena Fernández, representante de La Libertad Avanza (LLA), expresó su disconformidad con el desarrollo del encuentro y puso el foco en la ausencia de usuarios, la falta de información clara sobre los costos reales del servicio y el esquema actual de subsidios al transporte.
“Por lo que veo, no estaban los usuarios. Estas audiencias se hacen en un día hábil y en horario laboral, cuando el trabajador no puede participar”, sostuvo Fernández. En ese sentido, remarcó que la audiencia pierde sentido si no están representados quienes utilizan el servicio a diario. “Tiene que participar el usuario, porque es el usuario el que puede evaluar la calidad del servicio que se brinda”, afirmó.
Falta de información sobre los costos reales
La concejal también cuestionó la exposición del representante legal de la empresa concesionaria durante la audiencia. “Estamos definiendo una tarifa y el representante dice que es abogado y que no sabe de costos. Entonces debería estar un contador”, señaló. Fernández recordó que ella es contadora y remarcó que en una audiencia pública “todos deberían salir sabiendo cuál es el costo real por kilómetro recorrido y cuál es la tarifa técnica del servicio”.
En esa línea, lanzó una de las críticas más duras de la jornada. “¿Sabían ustedes que diariamente la empresa recibe entre 35 y 40 millones de pesos para brindar un servicio que debería ser de primer nivel?”, planteó. Según expresó, ese monto representa “casi un presupuesto municipal” destinado a una sola empresa, que además —sostuvo— reconoce una rentabilidad del 12%.
“Se llevan una enorme cantidad de recursos para mantener un servicio que es deplorable”, afirmó, y cuestionó la concentración del negocio del transporte urbano en un solo grupo empresario.
Subsidios: del sistema a los usuarios
Fernández también puso en debate el esquema de subsidios vigente y propuso un cambio de enfoque. “Si se subsidia a una empresa que está llena de plata, ¿por qué no se subsidia a la demanda? ¿Por qué no se subsidia directamente a los usuarios?”, planteó.
Según explicó, si el costo técnico del boleto ronda los 4.700 pesos, ese monto debería transparentarse y “llegar al bolsillo del usuario”. “Ahí va a haber un mejor control, porque vamos a ver realmente cuánto cuesta el servicio y si corresponde destinar tantos recursos”, sostuvo.
Reclamo por mayor control y auditoría externa
Otro de los ejes centrales de su intervención fue la falta de control independiente sobre el sistema. Fernández cuestionó que la propia empresa se audite a sí misma. “No es objetivo el control. Tiene que haber una auditoría externa sí o sí”, remarcó.
En ese sentido, anunció que desde su bloque impulsarán presentaciones formales y un proyecto de comunicación al Ejecutivo para exigir que el área de Movilidad Urbana remita el detalle de los costos utilizados para calcular la tarifa. “Con nuestro equipo técnico vamos a verificar costos fijos, costos variables, recorridos, cantidad de usuarios y los números que presenta la empresa”, explicó.
También advirtió que hoy existen herramientas tecnológicas para ejercer un control más preciso. “El municipio tiene tecnología y GPS para controlar los recorridos de las líneas. No puede ser que la empresa se controle sola”, afirmó.
Críticas al relato nacional y defensa de la libre competencia
Fernández rechazó que se atribuya exclusivamente al Gobierno nacional la responsabilidad por la situación del transporte. “Todo se le culpa al presidente Javier Milei, pero él envía recursos todos los meses, incluso ATN. Hace poco se enviaron 15.000 millones”, señaló.
Finalmente, reafirmó la postura de La Libertad Avanza en favor de la libre competencia y la libertad de elección del usuario. “Si se subsidia a una empresa grande, ¿por qué no a una mediana o chica que quiera empezar? ¿Por qué tantos privilegios durante años para una sola empresa y con un servicio pésimo?”, cuestionó, y deslizó que detrás del esquema actual podría haber vínculos políticos.
La postura de Fernández suma un nuevo capítulo al debate por el boleto urbano en Posadas, con un fuerte reclamo de transparencia, control externo y un cambio profundo en el modelo de subsidios del transporte público.
