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Argentina se prepara para afrontar en marzo de 2026 una instancia judicial determinante en Nueva York, donde la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito analizará el reclamo contra la sentencia que obliga al país a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La audiencia será el escenario donde el Estado buscará revertir el fallo que impulsó a fondos inversores, encabezados por quienes adquirieron derechos litigiosos, a exigir compensaciones y hasta la entrega del 51% de las acciones de la petrolera como forma de pago. La defensa argentina sostiene que hubo errores legales de fondo, por lo que la decisión del tribunal podría cambiar por completo el curso del juicio.
Este proceso lleva años escalando y hoy se encuentra en su punto de mayor presión. La apelación presentada apunta a desactivar una condena considerada “desproporcionada” y a frenar cualquier intento de ejecución o embargo internacional, lo que ya permitió suspender temporalmente medidas como el pedido de transferencia accionaria y el avance de rastreos de bienes ligados a la compañía. Para el país, este freno judicial funciona como un margen de maniobra estratégico a la espera de lo que resuelva el tribunal de segundo grado.
El epicentro de la disputa es la interpretación de cómo se llevó adelante la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado tomó el control de la compañía. La contraparte sostiene que no se respetaron condiciones estatutarias que protegían a los accionistas, mientras que Argentina argumenta que actuó bajo criterios de interés público y soberanía energética, por lo cual no corresponde el nivel de reparación económica exigido.
La decisión que tome la Corte de Nueva York no solo definirá la futura carga financiera del país, sino también la reputación jurídica de Argentina en el escenario global. Un fallo favorable podría significar la reducción drástica de la deuda reclamada o, incluso, un reinicio del proceso, mientras que una resolución adversa implicaría entrar en una etapa de negociaciones forzadas o la ejecución gradual de activos en el extranjero.
Con el reloj en cuenta regresiva hacia marzo, el Gobierno argentino y el mundo financiero observan con cautela una causa que combina intereses económicos multimillonarios, impacto político y tensión diplomática. En 2026, el destino de YPF —y una parte sensible de la economía nacional— podría definirse en un tribunal a más de ocho mil kilómetros de Buenos Aires.
