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La Justicia federal ordenó el allanamiento de las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos en mal estado destinados a detenidos del penal de Ezeiza. La medida fue dispuesta por el juez federal Federico Villena y se llevó a cabo el viernes por la mañana.
Martínez ocupa el cargo desde 2024, luego de haber sido designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y quedó bajo la lupa en una causa que apuntó a una presunta cartelización del servicio de alimentación en cárceles federales, con foco en la Unidad Penal de Ezeiza.
Durante el procedimiento, la situación se tornó tensa cuando el funcionario entregó un teléfono celular que no era el de uso habitual. Al advertirlo, los investigadores le solicitaron el dispositivo principal, pero Martínez aseguró de manera sorpresiva que lo había “extraviado” ese mismo día.
Ante esa respuesta, Villena ordenó rastrear los últimos impactos del celular en antenas de telefonía móvil. El informe indicó que el aparato había registrado su última conexión una hora antes del allanamiento, en inmediaciones del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. “O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, deslizó una fuente con acceso a la causa.
Una investigación de larga data por la comida en Ezeiza
La decisión de avanzar sobre el director del SPF se vinculó con una causa que llevaba años en trámite. En una etapa anterior, Villena intervino tras un habeas corpus que denunciaba comida en mal estado en el penal de Ezeiza. Peritajes realizados junto a la ANMAT detectaron niveles de Escherichia coli por encima de los valores permitidos, lo que derivó en la prohibición de que la empresa Foodrush volviera a participar en licitaciones del SPF.
Sin embargo, en una licitación posterior se presentó la firma Bio Limp, sin antecedentes en el rubro alimentario. Poco después de comenzar a proveer alimentos, reaparecieron las denuncias de los detenidos, quienes se negaban a consumir la comida. Incluso el propio Villena comprobó la situación durante una visita al penal, cuando probó los alimentos y horas después se descompuso. “Un asco, vomitiva”, habría relatado luego a su entorno.
Empresas pantalla y sospechas sobre el SPF
La investigación avanzó y detectó que los camiones utilizados por Bio Limp pertenecían en realidad a Foodrush, además de coincidencias en el personal de cocina. También se identificaron facturas cruzadas entre ambas firmas por unos 150 millones de pesos. Para el juez, esa operatoria no pudo haberse realizado sin el conocimiento de las autoridades penitenciarias.
Por ese motivo, además de las empresas, se ordenaron allanamientos en dependencias del penal y en las oficinas del director del SPF. Desde el Juzgado Federal de Lomas de Zamora sostuvieron que “no podían desconocer esta licitación” y afirmaron que existían elementos para avanzar contra el Servicio Penitenciario Federal.
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Durante el allanamiento, Martínez se negó a firmar una constancia por la supuesta pérdida del teléfono, actitud que la Justicia interpretó como un desafío. A eso se sumó otro dato que generó inquietud: el funcionario se movilizaba en una camioneta registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, referente de la feria La Salada y aún prófugo.
En paralelo, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de lo actuado, al considerar que las medidas se realizaron en un día inhábil y sin sorteo del juzgado. Desde el entorno de Villena respondieron que “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez”.
Consultado por la prensa, Villena evitó hacer declaraciones, aunque confirmó que informó la situación a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien le expresó su respaldo. La causa, lejos de cerrarse, sumó nuevos capítulos y volvió a poner bajo la lupa al sistema penitenciario federal
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