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En la cárcel federal de Ezeiza, Buenos Aires, el juez Federico Villena ordenó el allanamiento de las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, el viernes 26 de diciembre de 2025, para investigar un posible esquema de cartelización en la provisión de comida que afecta a cerca de 2.000 internos. La causa surge tras denuncias de que la comida incluían pelo, clavos, insectos y carne en mal estado, poniendo en riesgo la salud de los detenidos y violando normas sanitarias. El negocio de la alimentación penitenciaria, según la investigación, ronda los 25 millones de dólares al año, y podría involucrar a empresas vinculadas entre sí para evadir sanciones.
Las denuncias contra la empresa Food Rush S.A. se remontan a años anteriores, con reiterados habeas corpus por la pésima calidad de la comida, y aunque en 2024 se prohibió que continúe con el servicio, la nueva adjudicataria, Bio Limp, estaría operando bajo las mismas prácticas, compartiendo empleados y logística con la empresa anterior.
Durante los allanamientos, los investigadores detectaron irregularidades en la conducta del director del SPF, quien entregó un teléfono antiguo en lugar de su dispositivo habitual, argumentando que lo había perdido, lo que aumentó las sospechas sobre su posible conocimiento de los hechos.
Peritajes de la ANMAT y análisis internos confirmaron que las viandas no cumplían con el Código Alimentario Argentino y contenían bacterias peligrosas, lo que las hacía no aptas para consumo humano.
La causa continúa abierta y podría derivar en responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios y empresas involucradas, mientras la Justicia busca esclarecer cómo un servicio esencial para internos se transformó en un negocio millonario con graves irregularidades sanitarias y administrativas.