//
El Congreso aprobó este viernes la Ley de Inocencia Fiscal, propuesta por el Poder Ejecutivo, una normativa que modifica el esquema impositivo argentino con el objetivo de fomentar el blanqueo de dólares informales, flexibilizar controles y establecer un nuevo sistema de declaración de ingresos. La medida se aplicará en todo el país y apunta a quienes deseen regularizar su situación fiscal mediante un procedimiento simplificado.
En lo central, la ley crea un “Régimen simplificado de Ganancias”, que permitirá a contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones quedar exentos de declarar variaciones patrimoniales, sin que el fisco controle su nivel de consumo ni el origen del crecimiento de sus bienes. Según el Gobierno, quienes ingresen al sistema quedarán “blindados para siempre”, ya que solo pagarán Impuesto a las Ganancias por sus ingresos facturados, deduciendo gastos y compras sin ser auditados por ese incremento patrimonial.
Además, la iniciativa altera el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial, incorporando un nuevo esquema de declaración jurada simplificada administrado por ARCA, el organismo recaudador. En caso de aceptar la propuesta fiscal y pagar dentro de los plazos establecidos, el contribuyente accederá a un efecto liberatorio, salvo que se detecte omisión de ingresos.
Uno de los puntos más disruptivos es el aumento de los umbrales para definir delitos tributarios. Ahora, la evasión simple se configurará cuando el monto supere los $100 millones (antes $1,5 millones), mientras que la evasión agravada requerirá más de $1.000 millones en perjuicio fiscal (contra los anteriores $15 millones). A la vez, se reduce el plazo de prescripción de las deudas impositivas de cinco a tres años, dando margen para regularizar pasivos con intereses sin llegar a causas penales, aunque este beneficio será utilizable una sola vez.
La ley también prevé la extinción de denuncias aún no radicadas si el contribuyente paga el total adeudado con un adicional del 50% dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la imputación. Sin embargo, el relajamiento de controles no implica amnistía total: las sanciones económicas por presentaciones fuera de término serán más severas, según estipula la reforma.
Con este nuevo marco regulatorio, el Gobierno busca recaudación por blanqueo, dinamizar la economía informal y dar previsibilidad a empresarios y autónomos, a costa de reducir el margen de control estatal sobre el origen de los fondos. La aplicación efectiva del régimen marcará el impacto real de este cambio, que ya abre un fuerte debate político y económico en todo el país.
