//
El Senado de la Nación se encamina a convertir en ley este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca facilitar el ingreso al circuito formal de los dólares adquiridos durante el cepo cambiario y hoy fuera del sistema financiero. Con los votos asegurados de La Libertad Avanza y bloques aliados, el oficialismo avanza en su sanción, aunque el texto despierta fuertes cuestionamientos políticos, fiscales e institucionales.
La sesión fue convocada para el viernes al mediodía, luego del tratamiento del Presupuesto Nacional, prioridad absoluta para el Ejecutivo. Según fuentes legislativas consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, una vez superado ese debate, el proyecto de Inocencia Fiscal cuenta con el número necesario para ser aprobado, aun sin el acompañamiento del peronismo.
Dictamen exprés y debate legislativo condicionado
El proyecto obtuvo dictamen favorable en un plenario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, tras una votación que se concretó en la madrugada del 18 de diciembre. El trámite acelerado y el contexto político en el que se desarrolló el debate generaron críticas desde sectores de la oposición, que cuestionan la velocidad del tratamiento y la falta de un análisis más profundo de sus consecuencias a mediano y largo plazo.
El oficialismo logró el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales de Misiones, Corrientes y Tucumán, mientras que el peronismo decidió no integrar las comisiones, en rechazo a la forma en que fueron conformados los organismos asesores. Esa ausencia dejó al proyecto sin una discusión amplia y plural, un punto que también es señalado como una debilidad institucional del proceso.
El “blindaje fiscal” bajo la lupa
El corazón del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que el Gobierno presenta como un mecanismo de “blindaje fiscal permanente” para los contribuyentes que adhieran. El esquema, destinado a patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos, elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales y desactiva el control sobre los consumos personales.
Desde una mirada crítica, especialistas advierten que este diseño podría generar un quiebre en el principio de equidad tributaria, al permitir que contribuyentes con grandes patrimonios queden al margen de controles que sí rigen para el resto de la población. La promesa de previsibilidad, sostienen, se construye a costa de un debilitamiento de la capacidad fiscalizadora del Estado.
ARCA, con menos controles y más dependencia de la buena fe
Según el proyecto, ARCA sólo podrá cobrar el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento patrimonial, que directamente no será auditado. Aunque el Gobierno sostiene que esta medida incentivará la formalización, voces críticas alertan que el esquema descansa en un modelo de autocontrol y buena fe del contribuyente, con escasas herramientas para detectar maniobras elusivas.
El artículo 39, que introduce el denominado “efecto liberatorio del pago”, profundiza esta lógica. Si el contribuyente acepta la declaración jurada sugerida por ARCA y paga en término, queda liberado de acciones posteriores, salvo que se pruebe la omisión de ingresos, algo que, paradójicamente, resultaría más difícil de detectar con menores controles.
Cambios penales que elevan el umbral de la evasión
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la modificación del régimen penal tributario. El aumento del piso para la evasión simple, que pasa de 1.500.000 a 100 millones de pesos, y el salto a 1.000 millones para la evasión agravada, son interpretados por sectores críticos como una virtual despenalización de la evasión en escalas intermedias.
Desde esta perspectiva, la iniciativa podría enviar una señal ambigua al sistema tributario, al reducir el riesgo penal para maniobras que, hasta ahora, eran consideradas delitos, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y caída del poder adquisitivo.
Menor plazo de prescripción y beneficios excepcionales
El proyecto también reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años, una medida que el Gobierno defiende como un incentivo a la inversión y la previsibilidad. Sin embargo, críticos advierten que esta reducción podría limitar la capacidad del Estado para investigar maniobras complejas, que suelen detectarse con el paso del tiempo.
A esto se suma la posibilidad de extinguir acciones penales mediante el pago de deudas e intereses, o incluso con un adicional del 50% si la denuncia aún no fue radicada. Aunque el beneficio se limita a una sola vez por contribuyente, el esquema es leído por la oposición como un mensaje de indulgencia fiscal.
Relajamiento de controles y sanciones selectivas
Si bien el proyecto flexibiliza de manera significativa los controles fiscales, endurece las sanciones económicas por la presentación tardía de declaraciones juradas. Para algunos analistas, esta combinación evidencia una asimetría, ya que penaliza incumplimientos formales mientras reduce el peso de infracciones sustantivas vinculadas a grandes montos de evasión.
Una ley con impacto económico, político e institucional
Con los votos prácticamente asegurados, el oficialismo se dispone a aprobar una ley que promete dinamizar la economía y atraer dólares al sistema formal. No obstante, el proyecto de Inocencia Fiscal deja abiertos interrogantes sobre el rol del Estado, la equidad tributaria y el equilibrio entre incentivo y control, en un contexto de fuerte ajuste y redefinición del modelo fiscal argentino.
La sesión del viernes no sólo definirá una ley, sino también marcará una señal política sobre cómo el Gobierno concibe la relación entre el Estado, los contribuyentes y el cumplimiento de las normas.
El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios energéticos y define un nuevo esquema focalizado https://t.co/QDU6wl4UPO
— Radio Up 95.5 (@radioup955) December 23, 2025
