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La Justicia federal le ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto 759/2025 que había frenado la actualización de los salarios docentes y las becas estudiantiles.
La Justicia le puso un límite al Gobierno y ordenó cumplir la ley universitaria
La resolución fue dictada este martes por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.
El magistrado declaró inaplicable el decreto en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según sostuvo en el fallo, la decisión del Ejecutivo aparece en esta etapa preliminar del proceso como “arbitraria” y contraria a la Constitución Nacional.
Cormick remarcó que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras prevista en el artículo 83 de la Constitución, no resulta admisible una variante suspensiva para la promulgación y aplicación de una ley. En ese sentido, ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles.
La medida cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al señalar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del sector universitario.
Además, indicó que esta situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos, y que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores, sino también en el derecho a enseñar y aprender.
El fallo también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno, al considerar que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del Producto Bruto Interno (PBI).
Por último, la resolución cuestionó que el Ejecutivo intente condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante un decreto, lo que podría vulnerar el principio de división de poderes.
