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Este pasado miércoles se cumplieron dos años de gestión del presidente Javier Milei y del gobierno de La Libertad Avanza. Un armado político que llegó al poder con las banderas de las ideas de la libertad y que, fiel a ese ideario, avanzó con un fuerte ajuste del gasto público, la desregulación del Estado y una baja de impuestos como eje central de su programa.
En este recorrido iniciado en 2023, también quedó expuesta una resistencia feroz de la denominada “casta”, como la define el propio presidente, a cualquier intento de reforma que implique tocar cajas, privilegios y estructuras de poder enquistadas, tanto en las provincias como en muchos municipios. No resulta extraño, entonces, que en medio de la recesión y la escasez de recursos comiencen a brotar propuestas para sostener esas cajas de las formas más absurdas, burdas y creativas posibles.
El ya célebre impuesto a la emisión de gases de las vacas, impulsado por una diputada provincial de Unión por la Patria, que derivó en un intenso debate mediático y en el rechazo unánime del sector ganadero, dejó al descubierto una pulsión recurrente: subir una vez más la presión impositiva sobre los contribuyentes para sostener un modelo que se niega a reducir su tamaño. La lógica es simple y conocida: cuando se terminan los recursos, se inventa un tributo.
Este episodio no es una rareza aislada, sino apenas la puerta de entrada a un verdadero zoológico impositivo que florece a nivel municipal. En el partido de Pilar, por ejemplo, rige una tasa ambiental del 2% sobre cada operación comercial. Se trata de la denominada Tasa de Protección Ambiental, que originalmente consistía en un monto fijo, pero que recientemente fue modificada para transformarse en una alícuota porcentual aplicada a supermercados e hipermercados. El cuidado del ambiente, al parecer, cotiza mejor cuando se mide en porcentaje de facturación.
En la costa atlántica, el ingenio fiscal alcanza niveles aún más pintorescos. En el municipio de Miramar se cobra un tributo al metegol. Sí, al metegol. La ordenanza fiscal e impositiva vigente para 2025 establece el pago mensual de una tasa municipal fija por cada juego, aparato o atracción presente en salones y espacios de entretenimiento. Metegoles, calesitas, mesas de billar, autitos chocadores, canchas de bowling y juegos electrónicos integran la lista, sin que importe la rentabilidad real de cada actividad. Todo paga, todo tributa, todo sostiene la caja. La disposición figura, con toda formalidad, en el Artículo 55° de la normativa local.
Más recientemente, el municipio de Morón decidió innovar con una tasa especial destinada a quienes realicen tareas de mantenimiento u obras en sus hogares. Pintar una pared, revocar una fachada o simplemente limpiar el frente de una vivienda ahora puede implicar un nuevo aporte al fisco municipal. La mejora del hogar, convertida en hecho imponible.
Un catálogo tan amplio como creativo
La nómina de tasas insólitas no se agota allí. También existen la tasa a los muñecos inflables publicitarios en San Martín; la tasa al perro considerado peligroso en Pilar; la tasa de habilitación del tren de la alegría, también en Pilar; la tasa de publicidad en sillas y mesas en La Matanza; la tasa a la venta de rifas en la vía pública en Tigre; la tasa al ascensor en viviendas privadas en Morón; la tasa al bicicletero en Luján; y la tasa de habilitación de coches escuela en Escobar. Un catálogo tan amplio como creativo, donde el límite parece ser únicamente la imaginación del recaudador de turno.
Y no solamente en la provincia de Buenos Aires. Hace no mucho tiempo descubríamos la voracidad fiscal de uno de los últimos feudos en nuestro país. El caso Insfran, donde en Formosa decidió cobrar una “contribución al autotransporte” para todo ingreso de cargas a la ciudad de Formosa, ya sea como paso o destino final del producto, decidiendo no solamente perjudicar a los vecinos, sino también a las demás provincias del norte argentino.
Mientras el gobierno nacional discute cómo reducir el peso del Estado y aliviar la carga sobre quienes producen y trabajan, muchos municipios responden con una lógica inversa: multiplicar tasas, inventar tributos y exprimir hasta el último resquicio de actividad cotidiana. Al igual que estos casos mencionados, seguramente habrán muchos más, distribuidos entre todas las provincias y los distintos municipios de todo el país.
No es resistencia al ajuste; es pánico a vivir sin cajas. Y en ese miedo, el contribuyente vuelve a quedar atrapado entre el discurso de la austeridad y la práctica de la voracidad fiscal disfrazada de ordenanza municipal.
Transporte urbano en Posadas: Zarza cuestiona la reducción de frecuencias y pide transparencia https://t.co/LawNM5OL2b
— Radio Up 95.5 (@radioup955) December 16, 2025
