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El titular del Colegio de Abogados, Antonio López Forastier, describió un escenario crítico dentro del Poder Judicial de Misiones, apoyado en estadísticas oficiales. En diálogo con Radio Up, explicó que la evaluación debe hacerse “desde la información”, porque —según dijo— la discusión “tiene que partir de datos concretos y no de percepciones aisladas”.
Con esa premisa, señaló que en 2024 se iniciaron alrededor de 42 mil causas en Misiones, pero el Poder Judicial sólo dictó 1.700 sentencias, lo que evidencia “una realidad que veníamos sosteniendo y evidenciando desde hace ya tiempo”: un sistema que “cada vez se deteriora más”.
López Forastier remarcó que esa caída resulta aún más llamativa si se compara con el desarrollo de otras áreas del Estado. En este sentido, recordó que la provincia experimentó avances significativos en salud, educación e innovación, pero que la justicia “lamentablemente no siguió” ese proceso. Aunque el presupuesto judicial pasó del 3% al 8% del gasto provincial en diez años y la planta de personal prácticamente se duplicó —de 2.700 a 4.700 agentes—, el funcionamiento cotidiano no refleja esa inversión.
La mayor evidencia de la crisis se observa en el fuero penal. Según detalló, en todo el año sólo se dictaron 72 sentencias derivadas de juicios orales. En esta línea, López Forastier explicó que la raíz del problema se encuentra en la escasez de estructuras: Misiones cuenta con cuatro tribunales penales para toda la provincia, mientras que Chaco tiene siete, además de siete juzgados de ejecución penal, pese a tener una población similar.
Esa desigualdad también se repite en otras áreas: la vecina provincia tiene 23 juzgados civiles y comerciales sólo en su capital, mientras Misiones dispone de 8 para todo el territorio. En total, la provincia misionera tiene 60 jueces de primera instancia frente a los 90 chaqueños.
Para López Forastier, el deterioro “comienza en la base misma del sistema”. Al respecto, explicó que “un juez civil y comercial resuelve cerca de 300 casos al año, aunque recibe alrededor de 700”. En segunda instancia, añadió, “dos magistrados resuelven entre 100 y 150 causas anuales; y en el Superior Tribunal se dictaron 143 sentencias entre nueve jueces asistidos por 75 secretarios”. Esa desproporción demuestra, según observó, que “la mayor inversión está en la cúspide y el menor volumen de producción también”.
El presidente del Colegio cuestionó que, pese al diagnóstico conocido, “el Poder Judicial orienta sus decisiones hacia necesidades propias, en lugar de atender las demandas del servicio”. Puso como ejemplo el ingreso de personal: cerca de 300 nuevos empleados fueron incorporados en el último año, al igual que en el anterior. A su entender, “el crecimiento de la planta genera una masa salarial sumamente ensanchada y posterga inversiones más urgentes, como tecnología y digitalización”.
En ese marco, sostuvo que “Misiones se debe una discusión profunda sobre su modelo de justicia”. Al mismo tiempo, afirmó que “el servicio judicial debe organizarse por y para los ciudadanos” y que las reformas deben apuntar en esa dirección, algo que —según consideró— “hoy no sucede”.
Por otro lado, López Forastier señaló que “Misiones sigue siendo una de las tres provincias del país que no adoptaron el sistema acusatorio” y describió el problema estructural de mantener el modelo actual: “el mismo juez que investiga es quien decide la inocencia o culpabilidad del imputado”, un esquema que —según advirtió— “no resiste el tamiz del debido proceso constitucional”. Incluso, sostuvo que la solución debe partir de una premisa sencilla: “los fiscales deben investigar y los jueces deben juzgar”.
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En tanto, alertó sobre la ausencia de una Cámara de Casación, lo que profundiza la demora en las causas y amplía la brecha con otros sistemas más modernos.
Finalmente, respecto del nuevo Código Penal que impulsa la Nación, López Forastier consideró que su actualización “resulta necesaria”, especialmente para incorporar delitos informáticos, genéticos y agravantes de tránsito. Sin embargo, advirtió que la reforma no resolvería la conflictividad social por sí sola: “la solución no se resuelve con penas mayores, sino que la prevención —tanto en materia de narcotráfico como en siniestros viales— debe ser la prioridad si se busca disminuir los delitos”.
Alertan que los tiempos procesales atrasan el dictado de sentencias en Misiones https://t.co/BXlUndWKaI pic.twitter.com/N2nGlsZQby
— Radio Up 95.5 (@radioup955) December 4, 2025
