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Con el lema “Inteligencia Nacional, vigilia permanente por la Seguridad Estratégica de la República Argentina”, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 que fija, por primera vez en más de dos décadas, los lineamientos del Sistema de Inteligencia Nacional. El documento, de 34 páginas, redefine el rol de la SIDE con fuerte énfasis en ciberseguridad, Malvinas, terrorismo, crimen organizado y tecnologías de frontera, en medio de cuestionamientos por la falta de debate público y el nivel de concentración de poder.
Después de más de veinte años sin una política formal de inteligencia, el Gobierno nacional avanzó con la aprobación de la nueva Política de Inteligencia Nacional, una decisión que reordena por completo el funcionamiento del sistema de espionaje estatal y que abre una etapa marcada tanto por la recentralización del control como por la ampliación del campo de acción de los organismos de inteligencia.
El Decreto 864/2025 fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y según reconoce el propio texto oficial, se trata de la primera definición estratégica en esta materia desde comienzos de los años 2000. La medida se conoció además en paralelo con el anuncio de una nueva cúpula en la SIDE, lo que refuerza la lectura de una reconfiguración profunda del aparato de inteligencia.
El decreto no solo aprueba la política general, sino que también instruye a la Secretaría de Inteligencia de Estado a elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional, donde se establecerán los cursos de acción concretos. En términos prácticos, esto habilita un esquema de ejecución con amplio margen de discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo.
Un diagnóstico oficial que reconoce el colapso del sistema
Uno de los puntos más sensibles del documento es el diagnóstico que realiza sobre el estado del sistema de inteligencia. El Gobierno habla sin matices de un “deterioro relevante” de más de tres décadas, al que responsabiliza por debilitar las instituciones democráticas y volver vulnerable a la Argentina frente a múltiples amenazas.
En ese contexto, el decreto menciona de manera explícita los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, remarcando que aún no han sido totalmente esclarecidos, y también incorpora la muerte del fiscal Alberto Nisman, definida como un hecho de extrema gravedad institucional.
A la vez, el texto cuestiona con dureza las sucesivas intervenciones sobre la ex Agencia Federal de Inteligencia desde 2019, a las que acusa de haber provocado un “notorio retroceso institucional”. La AFI fue finalmente disuelta mediante el Decreto 614/24 y reemplazada por la actual SIDE, que ahora se estructura sobre cuatro áreas clave: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.
Cinco intereses estratégicos bajo una mirada de seguridad total
La nueva Política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que deberán guiar todo el accionar del sistema. Entre ellos aparecen la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la protección de la vida, los bienes y los derechos de los habitantes, la vigencia del sistema democrático y la preservación de los recursos estratégicos.
En el plano de la soberanía, el documento pone el acento en la necesidad de detectar amenazas externas, monitorear la influencia extranjera sobre decisiones estatales y proteger el conocimiento nacional, en un escenario global atravesado por disputas de poder, guerras comerciales y conflictos híbridos.
Respecto de la integridad territorial, se advierte sobre dinámicas de fragmentación, conflictividad latente y presencia extranjera en zonas sensibles, con especial atención a las fronteras, los espacios marítimos y la proyección antártica.
Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur: soberanía en disputa
Uno de los capítulos más políticos del documento es el dedicado al Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida. Allí se reconoce que la Argentina mantiene presencia ininterrumpida en el continente blanco desde 1904, con 13 bases activas, pero también se alerta sobre el seguimiento permanente de actores estratégicos con intereses geopolíticos y económicos en la región.
En relación con las Islas Malvinas, el texto habla sin ambigüedades de “ocupación ilegítima del territorio nacional” y advierte sobre la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales, en lo que define como un escenario de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas de largo plazo.
Recursos naturales bajo presión global
Otro de los ejes sensibles es el de los recursos naturales estratégicos. El documento sostiene que la Argentina, por su dotación de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta un escenario de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos extranjeros.
En este marco, la inteligencia pasa a tener un rol activo en la detección de maniobras de apropiación indirecta, condicionamientos financieros y estrategias de penetración económica que puedan comprometer el control nacional de estos recursos.
Ciberseguridad, desinformación y guerra digital
El sexto lineamiento estratégico coloca al ciberespacio como un nuevo campo de conflicto. El documento reconoce que se trata de un vector de influencia y superficie de ataque que permite proyectar poder de manera encubierta, transnacional y con costos reducidos.
Se advierte sobre el crecimiento de las operaciones de desinformación, orientadas a erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional. En este punto, la Agencia Federal de Ciberseguridad adquiere un rol central en el nuevo esquema.
Tecnologías de frontera y dependencia estratégica
La política de inteligencia también pone la mirada en las llamadas tecnologías de frontera, entre ellas la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología avanzada y los sistemas autónomos. Según el documento, estos avances redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística, y colocan a los países periféricos frente al riesgo creciente de la dependencia tecnológica.
El texto incluso advierte sobre la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros, una problemática que coloca a la fuga de cerebros en el terreno de la seguridad estratégica.
En materia de terrorismo, la Política de Inteligencia Nacional sostiene que la Argentina mantiene niveles de exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, especialmente en zonas de frontera y en circuitos informales de financiamiento.
La referencia a los atentados de los años noventa no es casual: el documento los presenta como antecedentes que obligan a sostener un monitoreo permanente, aun cuando no existan señales inmediatas de ataques.
Crimen organizado como poder paralelo
El crimen organizado es definido directamente como una “estructura de poder paralela”, que en la Argentina se ve favorecida por la convergencia de rutas estratégicas, fronteras permeables y circuitos financieros informales.
Según el diagnóstico oficial, este entramado permitió la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales, con capacidad de penetración en el tejido económico, social y político.
El décimo eje estratégico corresponde a la contrainteligencia, presentada como una herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional. En un contexto de crecientes disputas geopolíticas, este punto aparece como uno de los pilares del nuevo modelo.
Una reforma sin debate público y con poder concentrado
Si bien el Gobierno presenta la nueva Política de Inteligencia Nacional como una modernización necesaria, la medida avanza sin un debate parlamentario profundo y con un fuerte refuerzo del poder de la SIDE, ahora convertida en una superestructura con injerencia en áreas sensibles como la ciberseguridad, la información estratégica, los recursos naturales y los conflictos internacionales.
El decreto abre así una nueva etapa para el espionaje estatal argentino, atravesada por tensiones entre seguridad, control democrático, soberanía y transparencia, en un escenario donde la inteligencia vuelve a ocupar un lugar central en la arquitectura del poder.
Venchiarutti advirtió sobre fueros colapsados, salud mental y límites de la tecnología en la Justicia https://t.co/GQOkMIp5ZV
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