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El juicio por desobediencia judicial contra los dirigentes sindicales y docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez inicióe ste martes con las declaraciones de los primeros dos testigos ofrecidos por la defensa. El proceso gira en torno al acampe y corte de la avenida Uruguay en junio de 2024: la Fiscalía los acusa a ambos por los delitos de desobediencia judicial -al hacer supuesto caso omiso a una orden de desalojo de la calzada- y por entorpecimiento de los medios de transporte.
Antes de dar lugar a las declaraciones testimoniales y después de la lectura de requerimiento de elevación a juicio, Gurina y Sánchez rechazaron la suspensión de juicio a prueba -una probation que los habría eximido de pasar por instancia de juicio y, en cambio, habrían cumplido tareas comunitarias y docentes-. Por su parte, los defensores Eduardo Paredes, María Laura Alvarenga y Roxana Rivas, pidieron su sobreseimiento.
En primer lugar, el docente Carlos Lezcano abrió la ronda de testimonios y describió un escenario de deterioro generalizado para el sector. Expuso que desde octubre de 2023 “empezó el ajuste al sector docente” y que se produjo “una transferencia de recursos de las escuelas públicas al sector privado”. En esta línea, señaló que los salarios no mejoraron y denunció que el sistema educativo “se llenó de acomodados políticos” en cargos jerárquicos.
Lezcano afirmó que la crisis desalienta la docencia: “Hoy los jóvenes no quieren ser docentes”, expresó. Para graficarlo, mencionó que el primer día de inscripción para la Policía se anotaron cinco mil jóvenes, mientras que los profesorados “están vacíos”. Precisó que una maestra de grado cobra 618 mil pesos y enfrenta una obra social “que no funciona”, y recordó que un funcionario le sugirió a una docente “buscarse un marido si no le alcanza”.
Antecedentes claro y una reunión que motivó la continuidad de la protesta
El testigo explicó que la protesta del 1 al 4 de junio tuvo antecedentes claros. Recordó que el gremio consiguió una reunión con el Ministerio de Hacienda para el 1 de junio, pero ese mismo día el ministro Adolfo Safrán recibió primero a gremios oficialistas y citó al resto en Eldorado a las 13. Ese encuentro no dejó avances y motivó la continuidad de las medidas. Contó que recién el 7 de junio se firmó un acta compromiso, sin mejoras que empataran la inflación. “Los jubilados docentes cada vez reciben menos”, sostuvo.
Durante el interrogatorio fiscal, Lezcano negó ser referente sindical. Ante la pregunta sobre si sabía que cortar la avenida era un delito, respondió que la asamblea realizada en el puente de Garupá decidió acompañar la protesta policial, “que fueron quienes cortaron la avenida”. Cuando la jueza le preguntó si estaban al tanto de la ilegalidad, afirmó que la desesperación por los sueldos hacía imposible pensar en esos términos. “Había docentes que no podían comprarle un yogur a un hijo”, afirmó.
La defensa le pidió que describiera el funcionamiento de la Mesa de Diálogo. Lezcano explicó que los gremios asistían a reuniones con el Gobierno, pero las decisiones se tomaban en asambleas en cada localidad. Comparó ambos contextos: en 2001 hubo 51 días de paro. En 2024, llegaron a 60 días sin clases.
"Nunca se consiguió nada sin protestar"
La secretaria general de UDNAM, Estela Genesini, declaró en segundo término y sostuvo que el sector pelea tanto por salarios como por recursos y para denunciar hechos de corrupción. Aseguró que “nunca se consiguió nada sin protestar” y recordó que antes del conflicto de 2024 cobraban 250 mil pesos con FONID, contra los 450 mil posteriores a las medidas.
Genesini relató el clima previo al traslado hacia la avenida Uruguay. En la asamblea del puente de Garupá, docentes con décadas sin hacer paro se sumaron por primera vez. Describió que la comunidad misionera llevó alimentos al acampe y que muchos maestros comían allí y cargaban porciones para sus familias. “La pelea fue totalmente colectiva”, afirmó.
La fiscalía no hizo preguntas y la defensa pidió detalles sobre las reuniones con el Gobierno. Genesini explicó que acudían a todos los encuentros, incluso en ciudades del interior, porque las autoridades evitaban realizarlos en Posadas. Recalcó que las decisiones no se tomaban en esas mesas, sino en las asambleas de cada pueblo. Además, aclaró que no recuerda haber estado presente el 1 de junio cuando se notificó la orden del juez Balor.
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Finalmente, Genesini sostuvo que en cada negociación el ministro Safrán sabía que las propuestas debían ser evaluadas por las bases. Señaló que las asambleas definían cualquier paso a seguir, incluso la continuidad o no de las protestas.
