El jefe de la Policía de Misiones, Dr. Sandro Martínez, confirmó en “Arriba la Radio” por Radio Up que Asuntos Internos expulsó a más de 120 efectivos desde 2024. La oficina funciona frente a su despacho y habrá nuevos retiros obligatorios por sanciones y antecedentes. En su entrevista dejó una señal contundente sobre la prioridad del control interno dentro de la fuerza: la Dirección de Asuntos Internos funciona literalmente al lado de su oficina.
“Desde que asumí como jefe de policía, el director de Asuntos Internos está frente a mi oficina. Lo traje al lado. Está conmigo prácticamente las 24 horas los 7 dias de la semana”, sostuvo. La ubicación física no es un detalle menor. Representa una política explícita de acortar la distancia entre la jefatura y el control disciplinario, para que cada caso sospechoso o cada denuncia interna tenga respuesta inmediata y no quede archivada, demorada o superpuesta en procesos interminables.
Martínez remarcó además la función específica del área: “Se encarga de investigar a nuestros policías, a los malos policías, porque los buenos policías no tienen por qué preocuparse.” La distinción “buenos–malos policías” no es retórica. Se trata de una definición estratégica de conducción: respaldar a quienes cumplen con el juramento y eliminar, sin rodeos, a quienes utilizan el uniforme para fines indebidos.

Más de 120 expulsiones desde 2024: “Ya estarán dedicándose a otra cosa”
Una de las declaraciones más fuertes del jefe policial apuntó al número de bajas: “Desde el año pasado a este año hemos echado de la fuerza más de 120 efectivos que hoy seguramente ya estarán dedicándose a otra cosa.”
Se trata de un volumen de depuración significativo para una fuerza de alrededor de 10.300 activos y 3.300 retirados. Según lo dicho por Martínez, estas expulsiones responden a casos donde la acumulación de faltas demuestra que el efectivo no tiene voluntad real de integrar la institución: “Tenemos personas que después de tres años, cuatro años de haber empezado o dos años (…) han tenido 400 días de arresto. Entonces evidentemente no quiere trabajar dentro de la institución policial.”
Aquí la definición operativa es clara: si un policía acumula sanciones graves o reiteradas en poco tiempo, no podrá continuar en la fuerza. Este tipo de procesos, explicó, no sólo se activan por hechos vinculados a delitos, sino también por faltas disciplinarias graves, excesos reiterados, ausencias injustificadas, inconducta o situaciones incompatibles con la función pública.

Procesos disciplinarios más rápidos
Martínez destacó que el avance institucional no se limita a expulsiones puntuales, sino a una modernización de los procesos administrativos que permite acelerar decisiones: “Hoy existe un proceso administrativo mucho más rápido, que es a través de una resolución ministerial. Ya el policía puede perder su trabajo.”
Esto implica que la institución dejó atrás procesos excesivamente lentos que permitían que un policía con sanciones graves continuara en funciones durante años. El nuevo esquema —según lo declarado— habilita:
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Sumarios abreviados,
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Retiros obligatorios por antecedentes,
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Expulsión directa en casos determinados,
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Revisión constante de la conducta de cada efectivo.
Es un modelo que combina transparencia, rapidez y la premisa de que la institución “no puede convivir con comportamientos incompatibles con la función pública”.

Próxima sesión extraordinaria: nuevos retiros obligatorios en camino
Martínez adelantó que la depuración continuará: “La semana que viene tenemos la sesión extraordinaria de las juntas (…) y de ahí saldrá algún número también de qué personas no van a continuar dentro de la institución policial.” Las juntas evaluarán:
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Personal subalterno,
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Oficiales,
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Legajos con exceso de sanciones,
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Antecedentes disciplinarios,
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Sumarios no vinculados al procedimiento policial,
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Conductas reiteradas incompatibles con la función.
Sobre esas personas, fue directo: “Serán retiros obligatorios.” Es decir, la salida no es opcional ni negociable. Se trata de una decisión institucional sostenida para proteger la integridad del servicio.

“Los buenos policías los vamos a defender”: la otra cara de la depuración
Martínez equilibró su postura afirmando que la depuración no implica desamparo hacia quienes sí cumplen con su deber: “A los buenos policías los vamos a defender.” Y fue más lejos: “Los policías que por ahí usan el uniforme como para delinquir, que yo creo que ellos no son policías, están disfrazados. Eso no tienen que estar. Aparte de estar presos, tienen que estar afuera.”
Esta afirmación revela una premisa: mantener la legitimidad de la institución significa separar a quienes dañan su credibilidad. La sociedad observa, juzga y exige. Por eso, según Martínez, la institución debe actuar con firmeza: “La gente le quiere al policía. Por supuesto que también nos interpela cuando los policías se exceden o meten la pata.”
El sostén de la confianza pública, afirmó, depende tanto del profesionalismo diario como del funcionamiento interno que castigue sin vacilaciones.

Una depuración que busca sostener el vínculo con la comunidad
El jefe policial vinculó directamente la depuración con la relación social: “La relación con la sociedad es buena… pero la gente interpela y nos reta cuando un policía no hace las cosas del todo bien.” El control disciplinario, en este sentido, no es sólo un mecanismo interno. Es parte de una estrategia para que la ciudadanía vea:
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que las faltas se investigan,
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que los responsables son removidos,
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que no existe impunidad interna,
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que cada caso tiene un procedimiento serio,
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que la institución apuesta a la transparencia.
La presencia de Asuntos Internos frente al despacho del jefe es, en lo simbólico y en lo operativo, una señal visible de esa estrategia.

Una policía que expulsa y también cuida a los suyos
La depuración convive con el acompañamiento a quienes arriesgan la vida, como lo demostró Martínez al referirse al oficial herido esta madrugada del lunes 24 de noviembre en Santa Clara (Garupá), al que atacaron con un arma cortante en una de sus orejas: “En ese sentido sí vamos a defender a los policías.”
La Dirección de Defensa Letrada está integrada exclusivamente para asistirlos en demandas penales, civiles y administrativas. La lógica institucional es dual:
protección total al policía que cumple, expulsión total al policía que viola la ley o la disciplina.



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