La clausura de la arenera JM S.A. en Candelaria desató una fuerte polémica entre la empresa, con más de dos décadas de actividad, y el Ejecutivo municipal, que dispuso el cierre del predio donde opera desde su relocalización obligada por la cota 83. La suspensión de actividades se concretó el 15 de octubre, tras una intimación que exigía un estudio de impacto ambiental y una declaración jurada de ventas.
Jorge Muñiagurria, propietario de la firma, dialogó con Radio Up y explicó que el conflicto “viene ya de larga data” y sostuvo que no se trata de un debate interpretativo menor: “No se trata de interpretación de ordenanzas, se trata de lo que se debe interpretar de una ordenanza. Toda ordenanza debe estar publicada en el Boletín Oficial, caso contrario, no se puede aplicar”.
El empresario recordó que “no es la primera vez que el intendente denuncia ante la EBY”, y aclaró que siempre presentó la documentación necesaria: “La EBY no le dio lugar porque he presentado todas las pruebas de que cumplimos con todas las reglamentaciones vigentes”.
Sobre la última inspección del Tribunal de Faltas, detalló que les requirieron “el pago de tasas y el certificado de impacto ambiental”. Según explicó, la empresa liquidaba y pagaba las tasas por su cuenta porque “el municipio no nos acepta ni siquiera una nota que presentemos”. Aun así, remarcó que la municipalidad “no nos presta ningún tipo de servicio: allá no tenemos luz eléctrica, no tenemos agua, no tenemos barrido de limpieza ni luminaria pública”.

Muñiagurria también respondió al cuestionamiento municipal sobre presuntas inconsistencias en sus declaraciones de venta. “Ahora él manifiesta que es insuficiente lo que declaramos. No sé a qué le llama suficiente o insuficiente. Vendemos un 80% menos. Nos cuesta muchísimo mantener la pequeña empresa que tenemos”, afirmó.
Respecto del estudio ambiental, aseguró: “Tenemos presentado ante el órgano provincial correspondiente y nos ha extendido un certificado”. Ese documento, dijo, lo entregaron en la primera inspección, “aunque tuvimos que tener una pequeña discusión para que nos reciban en mesa de entrada”.
La empresa revisó la normativa y detectó un problema central: “La ordenanza 3, que habla del impacto ambiental, está publicada pero no la reglamentación. ¿Cómo vamos a cumplimentar algo que no está reglamentado?”.
En este contexto, el titular de JM S.A. confirmó los pasos que seguirá: “Hicimos los descargos en la municipalidad y hemos hecho una presentación ante la Subsecretaría de Municipalidades. Esperaremos los tiempos administrativos y luego recurriremos a la Justicia, no nos queda otra opción”.

Hasta ahora, no recibieron sanciones económicas adicionales. “No tenemos ninguna notificación de multa”, precisó, aunque advirtió: “Esto es muy grave. Es todo ilegal”.
Muñiagurria también planteó que detrás del conflicto podría haber un factor personal. “Creo que la animosidad es contra mi persona, más que contra mi empresa, y todavía no sé el motivo”, expresó.
Frente a antecedentes de denuncias municipales, señaló: “Todas las veces la EBY no le dio lugar”, ya que la firma demostraba su cumplimiento de “todas las reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales”.
El empresario lamentó el impacto humano y económico de la clausura. Aunque no precisó cuántos empleados están afectados, subrayó el difícil contexto productivo: “Este país cada vez está más difícil para trabajar. Cuando la gente joven dice que se quiere ir, yo lo entiendo”.
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Además, advirtió sobre el impacto institucional: “¿Quién va a venir a invertir en un municipio como Candelaria, donde no se respetan las normas?”. Y remarcó que este tipo de decisiones “le afecta al propio gobierno provincial”, en un escenario donde múltiples sectores productivos están en crisis.
Antes de cerrar, dejó un mensaje contundente sobre el rol de los municipios: “Los intendentes tienen que saber que tienen un límite”.
Mientras aguardan respuestas de la Municipalidad de Candelaria y de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, la empresa espera que se cumplan los plazos formales. Si no hay avances, Muñiagurria ya lo anticipó: irá a la Justicia.
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