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La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente a Vialidad Nacional y a su administrador general, Marcelo Campoy, por exigir un canon de 560 mil pesos al Obispado de Posadas, para autorizar la tradicional peregrinación hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto, sobre la ruta nacional 12. La medida generó un fuerte rechazo en ámbitos religiosos y abrió un nuevo foco de tensión dentro del Gobierno.
Villarruel cuestionó el canon de Vialidad Nacional en la peregrinación a Loreto
"El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias", expresó Villarruel, en sus redes sociales.
Por primera vez en más de dos décadas, la Iglesia debió abonar un canon para que miles de fieles pudieran marchar hacia Loreto durante el fin de semana. La peregrinación, que convoca a personas de distintas localidades misioneras, requiere operativos de tránsito, cortes y presencia preventiva sobre la ruta, tareas que históricamente se realizaron sin costo para la organización.
La decisión de Vialidad Nacional no solo sorprendió, sino que desató un debate sobre los alcances de las normativas que regulan el uso especial de rutas nacionales para actividades religiosas, culturales o comunitarias.
El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias.
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 20, 2025
El planteo de Villarruel se suma a una serie de desencuentros con sectores del Gobierno de Javier Milei. Aunque ambos lideran La Libertad Avanza, mantienen diferencias en temas de gestión, sensibilidad social y abordaje político.
La vicepresidenta, de fuerte impronta ligada al conservadurismo religioso y comunitario, suele diferenciarse del enfoque estrictamente liberal del Presidente, especialmente en asuntos donde considera que deben preservarse tradiciones y expresiones de fe con arraigo social.
Hasta el momento, Vialidad Nacional no emitió un comunicado oficial sobre el cuestionamiento. En el entorno de Campoy argumentan que el cobro responde a normativas vigentes aplicables a eventos masivos, aunque desde el ámbito eclesiástico remarcan que nunca antes se aplicó un cargo similar.
El caso abre interrogantes sobre si este tipo de canon se mantendrá en futuras peregrinaciones y suma un capítulo más a las tensiones internas del oficialismo. El modo en que el Gobierno gestione esta controversia será clave para determinar si se trata de un episodio aislado o del inicio de un nuevo frente de conflicto.
