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Un grave caso de bullying en el Instituto Roque González de Posadas volvió a encender las alarmas sobre el acoso escolar en Misiones y, al mismo tiempo, reabrió el debate en torno a la responsabilidad de las escuelas, las familias y el Estado. La situación fue expuesta públicamente por Sergio Rodríguez Sosa, padre de una alumna que, según su relato, viene siendo hostigada desde hace aproximadamente seis meses, y su testimonio salió al aire en el programa “Segunda Página” de Radio Up, donde describió el calvario que atraviesa su hija, el desgaste emocional de la familia y la búsqueda de respuestas concretas por parte de la institución educativa.
Seis meses de hostigamiento sostenido y violencia también en redes
De acuerdo con lo que contó Rodríguez Sosa, su hija es víctima de un hostigamiento sostenido por parte de un grupo de compañeros y compañeras que, de manera reiterada, se burlan de su aspecto físico y la agreden con apodos profundamente hirientes como “vaca”, “vaca Saturno” o “Saturnita”. Este acoso no se limita al espacio físico del aula o del patio, sino que se prolonga y se amplifica en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde los mensajes y las burlas continúan fuera del horario escolar, lo que agrava la situación y vuelve casi imposible para la adolescente encontrar un espacio de respiro.
Mientras tanto, y a lo largo de estos seis meses, la familia intentó agotar todas las instancias institucionales y legales, ya que el padre informó a la escuela, solicitó la intervención del equipo de apoyo, participó en reuniones con directivos y se reunió con otros padres, aunque, según su testimonio, nada de eso logró frenar el bullying. “Hasta el día de hoy no tengo resultado positivo porque continúa”, relató en la entrevista, al tiempo que cuestionó la efectividad de las medidas adoptadas. En una de esas intervenciones, una de las alumnas señaladas como agresora fue suspendida durante dos semanas, pero, lejos de mejorar el clima, Rodríguez Sosa considera que esa decisión fue equivocada porque, tras el regreso a clases, la joven volvió “más potenciada” y, en sus palabras, “ejerció el doble de acoso” contra su hija.
Una adolescente emocionalmente afectada y una familia al límite
La situación ya no solo es un problema de convivencia escolar, sino también un cuadro de profunda afectación emocional, ya que el padre describió que la adolescente llegó a un punto crítico en el que no quiere ingerir alimentos y en el que la ve llorar casi todos los días, lo que muestra el nivel de sufrimiento que provoca el hostigamiento permanente y evidencia la urgencia de una intervención efectiva.
Lejos de quedarse en la queja mediática, Rodríguez Sosa avanzó con reclamos formales y presentó documentación respaldatoria. Relató que el 31 de octubre de 2025 envió una carta documento al Instituto Roque González, en la que reclamó una respuesta clara y una acción contundente para resguardar a su hija. Sin embargo, según afirmó, esa presentación no fue respondida, lo que interpreta como una grave omisión institucional.
A esto sumó más de trece fojas de documentación, que incluyen actas internas de reuniones, correos electrónicos cruzados con directivos y preceptores y otras constancias de sus gestiones, con las que busca demostrar que el acoso fue informado y que la respuesta de la escuela resultó insuficiente. Además, aseguró que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio de Educación de Misiones y del Consejo General de Educación, que, de acuerdo con su relato, reconocieron la gravedad de la situación de bullying e incluso lo invitaron a exponer el caso de bullying ante las autoridades educativas.
La intervención del SPEPM: entrevista con Marcelo Giménez y Natalia Kuperman
En paralelo a la denuncia pública y al avance de las gestiones administrativas, desde Radio Up se convocó a Marcelo Giménez, director pedagógico del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), y a Natalia Kuperman, supervisora pedagógica, con el objetivo de conocer cómo debe actuar el sistema educativo ante situaciones de este tipo y qué herramientas existen para abordar el acoso escolar.
Desde el comienzo de la entrevista, Giménez dejó en claro que el accionar del SPEPM y de las instituciones privadas no depende de la voluntad discrecional de cada escuela, sino que está enmarcado en una normativa específica, ya que se rigen por la Ley VI N.º 250, que establece el “Plan integral para el abordaje, prevención y erradicación del acoso escolar”.
Ley VI N.º 250, Decreto 1165 y la obligación de contar con un protocolo
Esa ley provincial, explicó el director pedagógico, fija las pautas generales para el abordaje del bullying, promueve un enfoque integral que no se limita a la sanción aislada de los agresores y obliga a cada institución a elaborar su propio protocolo de actuación, el cual debe estar alineado con los lineamientos que marca la norma. De este modo, cada escuela tiene la responsabilidad de definir por escrito cuáles serán los pasos a seguir cuando se detecta o se denuncia un caso de acoso, y debe actualizar ese instrumento periódicamente, ya que, por calendario permanente, el SPEPM exige que las instituciones presenten y renueven su protocolo cada año, con fecha límite el 31 de marzo.
Giménez recordó además que la Ley VI N.º 250 se complementa con el Decreto 1165 de implementación, que baja a la práctica los grandes trazos de la norma, detalla los procedimientos obligatorios y vuelve exigible la existencia de un protocolo de actuación en todas las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Ese decreto, señaló, enumera los principales pasos a seguir en casos de acoso escolar y establece que el resguardo de la víctima de bullying, debe ser siempre la prioridad, mientras que ofrece orientaciones concretas para que cada institución redacte su propio plan integral, ajustándolo a su realidad y a los perfiles profesionales con los que cuenta, ya sean psicopedagogos, psicólogos, profesores tutores o equipos interdisciplinarios.
Resguardo, confidencialidad y límites en la información pública
Por su parte, Natalia Kuperman puso el foco en otro aspecto central: al tratarse de menores de edad, el trabajo de los organismos y de las escuelas debe basarse en el resguardo, la confidencialidad y la responsabilidad adulta. Por esa razón, si bien confirmó que el viernes previo a la entrevista ingresó una nota formal del tutor denunciando la situación y que, a partir de ese momento, el SPEPM solicitó al Instituto Roque González que remita las actuaciones realizadas, también remarcó que el organismo no puede enumerar ni detallar públicamente cada una de las medidas que se están tomando, precisamente para proteger a los chicos involucrados.
“Como adultos responsables tenemos que preocuparnos primero por el resguardo de ellos”, insistió, dejando en claro que tanto la investigación como el tratamiento y el acompañamiento del caso se manejan dentro de un marco de reserva.
Más allá de esos límites, Kuperman destacó que el bullying no es un asunto menor ni una situación para relativizar, y consideró que los medios de comunicación tienen un rol importante a la hora de visibilizar la problemática de bullying y, al mismo tiempo, de contribuir a un abordaje responsable, ya que permiten poner el tema sobre la mesa, abrir el debate y hacer un llamado a todos los adultos que son responsables del cuidado y de la educación integral de niños, niñas y adolescentes.
Escuela y familia: primeros educadores y responsabilidad compartida
En esa línea, la supervisora reiteró que los primeros educadores son siempre los padres y las familias, y que, cuando una familia elige un proyecto educativo, también está eligiendo acompañar el ideario institucional y caminar junto a la escuela en la formación de sus hijos.
En otro tramo de la entrevista, Giménez profundizó en una idea que atraviesa todo el análisis: la escuela no es una burbuja ni funciona en aislamiento, sino que es un reflejo de la sociedad y, en muchos casos, un espacio donde implosionan problemáticas sociales que se originan fuera de sus paredes. Señaló que las instituciones educativas “responden a paradigmas y modelos sociales” y que, en ocasiones, se ven desbordadas por situaciones que traen consigo los estudiantes desde sus hogares o desde otros ámbitos.
En ese contexto, explicó que el acoso puede darse tanto cara a cara como a través de otros escenarios, especialmente el entorno digital, donde las redes sociales como TikTok, Instagram o grupos de mensajería ampliaron las formas de agredir y también los tiempos y espacios en los que se ejerce el bullying.
Bullying como problemática social y límites del tiempo escolar
Según el director pedagógico, las escuelas tienen la responsabilidad civil y pedagógica de cuidar a los estudiantes, de modo que quien entra al establecimiento debe poder salir en condiciones similares a las que ingresó, pero, al mismo tiempo, recordó que el tiempo de contacto es limitado, ya que la institución contiene a los chicos y chicas apenas cinco horas por día, mientras que el resto de la jornada transcurre fuera del ámbito escolar.
De esta manera, el bullying se convierte en una problemática social que se manifiesta en la escuela, aunque sus causas y sus efectos se extienden mucho más allá, lo que obliga a pensar en una responsabilidad compartida entre escuela, familia, organismos de control y comunidad.
Cuando las familias niegan el problema y la necesidad de interpelar
Esa responsabilidad compartida se vuelve especialmente visible cuando aparecen padres o madres que niegan la participación de sus hijos en situaciones de acoso o prefieren no hacerse cargo de lo que sucede. Giménez reconoció que esa actitud es algo que se ve con frecuencia, que cada caso es particular y que las situaciones se vuelven más complejas cuando las familias se resisten a reconocer el problema.
Frente a eso, explicó que el desafío es interpelar y persuadir a esos adultos para que se sumen al trabajo de la escuela, porque solo así se puede realmente fortalecer la convivencia y educar en el respeto.
Sin recetas mágicas, pero con un punto de partida claro
Mientras tanto, tanto él como Kuperman coincidieron en que no existen “recetas mágicas” que puedan aplicarse por igual en todos los casos, ya que cada situación implica sus propios tiempos, sus propios dolores y sus propios recorridos de reconocimiento.
Sin embargo, subrayaron que, más allá de esa complejidad, el punto de partida debe ser siempre el mismo: resguardar a la víctima, abrir espacios reales de diálogo, sostener un acompañamiento cercano y mantener un trabajo coordinado entre institución, familia y Estado.
En este marco, el caso que hoy atraviesa el Instituto Roque González deja expuesta una tensión que se repite en muchas escuelas: por un lado, una adolescente hostigada desde hace meses, con secuelas emocionales visibles y un padre que denuncia y reclama protección; por otro lado, una institución que se ve cuestionada por su accionar, un organismo de control que interviene y una comunidad educativa que, en conjunto, debe decidir si naturaliza el acoso escolar o si asume que el bullying es una forma de violencia que deja marcas profundas y que exige acciones concretas, sostenidas y urgentes, tanto dentro como fuera del aula.
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— Radio Up 95.5 (@radioup955) November 16, 2025
