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El concejal Rodolfo “Pinino” Kuczak volvió a reclamar su reinstalación definitiva como miembro pleno del Concejo Deliberante de Garupá, tras permanecer suspendido por resolución del cuerpo desde el 17 de junio.
Según explicó, la suspensión se dio después de que él presentara una denuncia penal contra el presidente del Concejo, Miguel Rauber, por la presunta adulteración de documento público, al modificarse el texto del presupuesto municipal aprobado en sesión en diciembre de 2024.
La Resolución Letra C Nº 08 dispuso su suspensión “por tiempo indeterminado” hasta la resolución de la causa judicial. Sin embargo, Kuczak sostiene que la medida fue una maniobra interna para disciplinarlo: ‘’me suspenden por denunciarlo a Rauber. Cuando tomé conocimiento de un delito, hice lo que correspondía. Como ciudadano y como policía retirado, tenía la obligación de ir a la justicia’’, afirmó durante la entrevista en Argentina Divina Comedia (Radio Up).
Tras la denuncia, el Concejo conformó una comisión investigadora, que según Kuczak ‘’no produjo ninguna prueba ni solicitó informes a las áreas involucradas, la comisión sólo quería que yo explicara por qué denuncié a Rauber. Eso no corresponde. El deber era investigar el hecho, no a mí’’, remarcó.
En agosto, luego de negociaciones internas, se habilitó su reingreso provisorio a la banca. Sin embargo, la resolución que lo reinstaló no derogó la suspensión previa sino que la dejó ‘’en reserva’’.
‘’Estoy adentro, pero condicionado. La suspensión sigue guardada para volver a aplicármela si cuestiono algo. Es una forma de presión y disciplinamiento político’’, señaló.
El concejal presentó recientemente una constancia judicial que acredita que él figura en la causa como denunciante y no como imputado. Con ese documento solicitó su reinstalación plena: ‘’no hay motivo jurídico para que yo siga en una condición provisoria. Tengo derecho a ocupar mi banca en plenitud’’.
Sin embargo, el pedido no fue incorporado al orden del día en la última sesión y recién podría ser tratado la semana próxima.
Denuncia penal contra Rauber
La denuncia penal se originó durante la aprobación del presupuesto 2025 en diciembre del año pasado. Según Kuczak, el expediente que había sido votado en el recinto llegó posteriormente al Ejecutivo con alteraciones respecto del texto aprobado.
Como evidencia, se incorporó al expediente un informe del Secretario de Gobierno que reconoce que la versión del presupuesto recibida en el Ejecutivo no coincide con la que se votó en el Concejo.
El tipo penal que se investiga es adulteración de documento público, delito contemplado por el Código Penal con penas de 4 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, especialmente tras las reformas recientes vinculadas a delitos contra la administración del Estado.
‘’Esto no es una cuestión administrativa menor. Se trata del documento que define el dinero público del municipio. Si se permite adulterarlo, se habilita el fraude institucional’’, remarcó Kuczak.
El 8 de septiembre, el juez de instrucción que interviene en la causa desestimó la denuncia argumentando que no advertía elementos constitutivos del delito. Sin embargo, la fiscal del caso apeló la desestimación y objetó que no se haya producido ninguna medida de prueba antes de descartar los hechos denunciados.
Paralelamente, el mismo juez aceptó a Kuczak como querellante el 16 de septiembre, lo cual genera contradicciones procesales que podrían comprometer la imparcialidad del magistrado: ‘’el juez ya opinó públicamente que no hay delito. Por eso debe apartarse. El Código Procesal es claro: si un juez adelanta criterio, no puede seguir instruyendo’’, sostuvo.
El equipo jurídico del concejal analiza ahora una presentación ante una instancia superior del Poder Judicial: ‘’si el juez no se aparta y la fiscalía no puede avanzar, vamos a elevar el planteo. No se puede adulterar un presupuesto, eso es gravisimo''.
