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El Gobierno nacional dispuso la desregulación total de los aranceles en los colegios privados del país, mediante el Decreto 787/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma derogó el Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas estableció un sistema de control estatal sobre los valores de matrículas y cuotas en las instituciones de gestión privada.
Con la nueva disposición, las escuelas privadas podrán fijar libremente sus precios sin autorización ni comunicación previa al Estado nacional. El decreto argumentó que el esquema anterior “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país” y destacó que la regulación vigente fue diseñada en los años 90, cuando la educación dependía del Gobierno central.
Sin embargo, en Misiones la medida no tendrá aplicación, ya que la provincia posee su propia legislación que regula el funcionamiento y financiamiento de los colegios privados. Así lo confirmó Delicia Olivera, presidenta de la Asociación de Institutos Privados de Misiones (AIPEM), en diálogo con Radio Up.
“Este decreto que salió hoy en los medios nacionales derogó otro decreto, pero nuestra provincia, gracias a Dios, tiene una ley provincial que regula la creación y funcionamiento del sistema educativo privado, y este decreto no interfiere en la vida de nuestros colegios”, explicó Olivera.
“El Estado aporta y controla cómo trabajamos”
La dirigente recordó que en Misiones “el Estado hace los aportes y tiene la obligación de controlar cómo trabajamos los colegios”. En ese sentido, advirtió que si una institución 100% subvencionada decide aplicar una cuota que la comunidad no pueda afrontar, deberá asumir las consecuencias que eso implique.
Olivera aclaró que la desregulación nacional no modificará el esquema provincial vigente, ya que Misiones “tiene su propia política educativa, que también regula a la gestión privada”.
“Cuando salen estas noticias de desregulación, a nosotros en realidad no nos impacta. Misiónes es muy particular”, enfatizó.
La titular de AIPEM señaló que el trabajo conjunto con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) permite ajustar las cuotas según la realidad económica de cada comunidad educativa.
“Venimos trabajando siempre juntos en la recomposición de las cuotas. Ya desde la pandemia veníamos con cuotas un poco atrasadas porque tuvimos que ponernos en la situación de las familias”, explicó.
Añadió que cada año “nos reunimos, analizamos qué es lo que cada comunidad puede afrontar o no, y los colegios saben hasta dónde pueden aplicar algún aumento”, subrayando que la provincia “siempre fija un tope que está muy bien, porque Misión es muy particular”.
Olivera también precisó que, aunque el Gobierno nacional hable de “libertad de precios”, en Misiones las instituciones continúan sujetas a los parámetros locales. “El costo de la matrícula lo fija cada colegio de acuerdo a su comunidad. En eso el SPEPM ni AIPEM intervenimos, solo sugerimos. Pero cuando se fijan los aranceles mensuales, ahí sí hay topes establecidos”, indicó.
“No se puede comparar Misiones con Buenos Aires”
Consultada sobre los montos que manejan los institutos misioneros, Olivera ejemplificó: “En la escuela donde soy representante legal tenemos una cuota de 17 mil pesos. No podemos comparar el costo de Buenos Aires con el nuestro, porque otras jurisdicciones son mucho más elevadas”.
Explicó que los topes provinciales se definen en base a la inflación interanual y el porcentaje de aportes estatales, y que actualmente el sector trabaja en cerrar el ciclo lectivo y proyectar las cuotas para 2026.
“Estamos viendo cómo recomponer sin afectar mucho el bolsillo de la familia. También se analiza la actualización de las inscripciones, porque estamos en esa época en la que hay que tomar esa decisión”, sostuvo.
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En ese punto, detalló que la matrícula funciona como una reserva para afrontar los gastos de diciembre, enero y febrero, meses en los que “muchos colegios no cobran 10 cuotas, sino 9”, y aun así deben cubrir los costos operativos que se mantienen durante el receso escolar.
Mientras el Gobierno nacional avanza hacia un modelo basado en la libre contratación y la competencia entre instituciones, en Misiones el sistema seguirá bajo la órbita del marco regulatorio provincial, que garantiza un equilibrio entre los aportes estatales, la capacidad de las familias y la sustentabilidad de los colegios.
“Esto no nos afecta, porque tenemos una legislación propia que regula nuestros aranceles y el acompañamiento del Estado provincial”, concluyó Olivera.
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