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En Oberá, el caso de Rafaela Fontana, una joven comerciante del centro de la ciudad, sorprendió a vecinos y usuarios de redes sociales luego de que su video se hiciera viral. En las imágenes se veía lo que ella misma describió como una situación desesperante, con grupos de personas instaladas diariamente frente a su negocio, obstaculizando el paso, generando desorden e incluso "consumiendo drogas y alcohol a plena luz del día", según sus declaraciones.
Rafaela explicó que la situación lleva más de un año sin resolución, pese a haber realizado denuncias y pedidos de ayuda a distintas autoridades. “Todo fue progresivo. Primero eran uno o dos, después tres, y llegamos a contar hasta veintiséis personas”, relató. “Era como si la vereda fuera de ellos. Tenía que pedir permiso para abrir la vidriera o limpiar, y al rato estaba todo sucio otra vez”, contó en diálogo con Radio Up.
“No estoy en contra de nadie, pero quiero respeto”
Fontana aclaró que su reclamo no apunta contra el centro de rehabilitación para personas con adicciones que funciona al lado de su local, sino a la falta de control sobre quienes asisten allí. “No sé si todos son personas en tratamiento, pero sí sé que muchos vienen, se quedan, se drogan o se alcoholizan. Algunos son agresivos, y otros viven en situación de calle. El problema es que nadie pone límites”, expresó.
En ese sentido, lamentó que su intento de diálogo con los responsables del lugar no haya tenido respuesta. “Les pedí que intercedan, que hablen con ellos, que les pidan al menos respeto. Pero me dijeron que no podían hacer nada, que trabajaban ad honorem. Y la iglesia, que está a cargo, nunca respondió. Tampoco la Municipalidad”, reclamó.
Entre el miedo, las amenazas y la impunidad
El video viral de Rafaela generó un amplio debate en redes sociales, donde recibió tanto apoyo como agresiones. “Me llegaron muchos mensajes de aliento, pero también amenazas. Incluso vino una mujer a encararme en persona, muy alterada, acusándome de no entender lo que es tener un hijo con adicciones”, contó.
Pese a ello, aseguró haber mantenido la calma. “No estoy en contra de ellos. Muchas veces los ayudé, les di agua, cargadores, lo que necesitaban. Pero lo que pasa ya va más allá: nos faltan el respeto, nos insultan, y nadie hace nada. Solo quiero trabajar tranquila”.
La comerciante reconoció que las ventas bajaron y que muchos clientes dejaron de acercarse por temor. “Varias personas me escribieron diciendo que no pasaban por mi local porque tenían miedo, sobre todo las mamás con chicos. Es terrible, porque ya de por sí cuesta sostener un negocio”, dijo.
Un reclamo que refleja un problema social
Rafaela remarcó que su situación no es un caso aislado, sino parte de una problemática mayor. “Después de que hablé, muchos otros comerciantes se animaron a contar lo mismo. No es solo mi vereda, es el centro entero el que está afectado. Esto es un tema social, no personal”, afirmó.
La joven asegura que incluso la policía se encuentra limitada para actuar. “Hicimos la denuncia junto con otros ocho comerciantes. Los policías vienen, los sacan, pero no pueden detenerlos. Los tienen un rato y los sueltan. Es una impunidad total. Hasta un agente me contó que uno de ellos le hizo una denuncia por intentar llevarlo”, relató.
“No quiero irme, quiero una solución”
Pese al desgaste, Rafaela insiste en mantener su local. “Me dijeron que me mude, pero no puedo. Es mi propiedad, mi fuente de trabajo. Y además, irme no soluciona nada. El problema va a seguir. No soy yo la que está mal: esto afecta a toda la ciudad”, sostuvo.
La comerciante cuestionó la ubicación del centro de rehabilitación, que funciona en una zona de alto tránsito y actividad comercial, frente a la Catedral de Oberá, a metros de escuelas y cafeterías tradicionales. “No estoy en desacuerdo con que exista el centro, al contrario, pero no me parece el lugar. En una oportunidad bajaron a un preso herido a media mañana, en plena zona escolar. No es el ámbito adecuado”, apuntó.
El silencio oficial
Según contó, ni la Municipalidad de Oberá ni el Obispado —a cargo del centro— se comunicaron con ella. “Nadie me llamó. Vecinos me dijeron que intentaron avisarle al intendente, pero respondió que no era competencia municipal. Sin embargo, tengo entendido que parte de la comida que reciben estas personas viene del municipio, a través del mismo camión que abastece a los comedores universitarios”, explicó.
Para Rafaela, lo que falta es una articulación institucional real. “No puede ser que nadie se haga cargo. Si el municipio no tiene responsabilidad directa, puede mediar con la iglesia o con el área de adicciones. Lo que no se puede es mirar para otro lado. Esto no es algo privado, es un tema social”, insistió.
El impacto social de una denuncia que evidenció una problemática cotidiana
El caso volvió a abrir el debate sobre la convivencia urbana, la marginalidad y la falta de políticas integrales para personas con adicciones. “No se trata de echar a nadie, sino de ordenar, de respetar los derechos de todos. Los míos terminan donde empiezan los del otro, y viceversa”, resumió la joven, con una mezcla de resignación y esperanza.
“Solo quiero poder trabajar, abrir mi local sin miedo, limpiar mi vereda sin pedir permiso. No pido más que eso”, concluyó.
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