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El Gobierno nacional analiza incluir un “blanqueo de trabajadores a costo cero” dentro del paquete de medidas de la reforma laboral que prepara el Ministerio de Capital Humano para las próximas sesiones extraordinarias del Congreso. El objetivo principal, según adelantaron fuentes oficiales, sería formalizar el empleo informal y reducir los costos laborales que hoy enfrentan las pequeñas y medianas empresas.
Un equipo de funcionarios y asesores del área, encabezado por Julio Cordero, secretario de Trabajo, trabaja en los detalles de la propuesta. Aunque se discutieron alternativas como el “salario dinámico” o la modificación de las jornadas laborales, quedó descartada de plano la posibilidad de imponer un tope a las indemnizaciones.
En el centro del debate aparece la idea de un blanqueo total y sin costo. “El traspaso de trabajadores en negro a blanco tiene que ser gratis, porque de otro modo las pequeñas y medianas empresas no se van a sumar”, explicó el abogado laboralista Julián de Diego, uno de los asesores del Ministerio.
De concretarse, las empresas que regularicen empleados quedarían liberadas de pagar contribuciones patronales, aportes jubilatorios, multas e intereses acumulados. La medida apunta a generar incentivos reales para incorporar trabajadores formales, un problema que el Gobierno de Javier Milei considera estructural.
“La gratuidad está relacionada con pasar del negro al blanco condonando el pasado y con aportes y contribuciones cero”, detalló De Diego. Sin embargo, la propuesta enfrenta un dilema fiscal: el Estado debería absorber el costo previsional de los años no aportados por los empleadores que regularicen personal.
Según los borradores que circulan en los despachos oficiales, el blanqueo buscaría beneficiar especialmente a las pymes, que representan la mayor parte del empleo informal. El plan sería presentado junto con la reforma fiscal y otras medidas de simplificación administrativa.
El Gobierno también analiza reducir los costos laborales para equipararlos a los de la región. De acuerdo con un estudio de Techint, la hora de trabajo en Argentina cuesta en promedio u$s16,5, mientras que en México asciende a u$s12,5, en Brasil a u$s10,3 y en Colombia a u$s4,5.
Esa brecha, señalan desde el entorno presidencial, dificulta la competitividad de las empresas locales y desalienta la contratación formal.
No obstante, la iniciativa genera interrogantes sobre cómo se reconocerán los años de trabajo previos en el caso de empleados con antigüedad. Si el blanqueo no obliga a las empresas a pagar retroactivamente, el Estado podría asumir un costo previsional adicional al reconocer esos períodos para el cálculo jubilatorio.
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El antecedente más cercano de una política similar se remonta a los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem. Entonces, la reducción de aportes patronales y la llamada “flexibilización laboral” impulsada por Domingo Cavallo y Armando Caro Figueroa buscó dinamizar el empleo formal. Sin embargo, pese a un descenso parcial en la desocupación, la informalidad laboral se mantuvo alta y el desempleo no bajó de los dos dígitos.
En esta nueva etapa, el oficialismo apuesta a que una reforma profunda y sostenida en el tiempo permita revertir esa tendencia. “El objetivo es generar trabajo genuino, reducir los costos y traer al sistema a millones de argentinos que hoy están fuera de la ley laboral”, señalaron desde el entorno del Ministerio de Capital Humano.
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