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El representante del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman, alertó en Arriba la Radio por Radio Up sobre la “crisis terminal” del sistema de prestaciones y el atraso de más de un año en los aranceles que fija el Estado. “Las instituciones están quebrando y las personas con discapacidad pierden atención”, señaló para pedir que el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, deje de evitar las respuestas inmediatas que requiere el sector en emergencia.
Goldman, advirtió que el sector atraviesa una situación de “emergencia estructural” por la falta de actualización de los aranceles que el Estado nacional establece para profesionales e instituciones que prestan servicios de rehabilitación y acompañamiento a personas con discapacidad. Explicó que “el riesgo es enorme porque la persona con discapacidad está empezando a perder atención. La atención es la rehabilitación, sus cuidados, su inclusión en la comunidad, y las instituciones están cayendo”.
Según precisó, “hace más de un año que no se actualizan los aranceles y además venimos con un atraso de años anteriores respecto de la inflación. En la provincia de Buenos Aires, el 20% de las instituciones dejó de funcionar por quiebra o por falta de recursos”.
“El sistema se está desplomando”
Goldman describió una cadena de incumplimientos que afecta tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema. “Un terapeuta o psicólogo que atiende discapacidad cobra 12.000 pesos por sesión y debe esperar entre 90 y 120 días para percibir el pago. Nadie puede sostenerse así”, explicó.
El dirigente subrayó que “esto es un sistema: si una parte deja de funcionar, se cae todo. Eso es lo que estamos denunciando a través del pedido de aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. La persona con discapacidad queda en su casa, sin atención, sin inclusión, sin futuro”.
Movilizaciones y reclamos al Gobierno
Goldman destacó que la organización viene realizando jornadas de visibilización en todo el país y marchas al Congreso y al Ministerio de Salud. “La responsabilidad es del ministro de Salud, Mario Lugones. Está haciendo oídos sordos, evitando su responsabilidad como funcionario público”, afirmó.
Consultado sobre la reciente resolución publicada en el Boletín Oficial que ordena restablecer pensiones suspendidas, respondió: “La vimos recién, entendemos que debe abarcar a todo el colectivo afectado. Nosotros pedimos auditorías transparentes y justas, pero a toda persona a la que se le quitó la pensión de manera incorrecta, se la debe restituir”.
Auditorías injustas y caída de pensiones
Goldman cuestionó el modo en que se llevaron a cabo los operativos de revisión de pensiones en distintas provincias. “En Buenos Aires y en todo el país, las auditorías fueron un desastre. En el interior profundo, las notificaciones no se entienden, llegan mal, se pierde la pensión por no saber cómo responder. A veces piden hacerlo por el TAD, y hay personas que no saben usar una computadora”, sostuvo.
A su juicio, “detrás de esta auditoría hay una intención de romper una política pública. Estamos de acuerdo con que se audite, pero debe hacerse con criterios de transparencia y accesibilidad. No se puede castigar a las personas por errores administrativos del Estado”.
El representante de CAIDIS insistió en que el primer paso para revertir la situación es la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y publicada pero vetada por el Poder Ejecutivo. “No pedimos nada fuera de la legalidad. Es una ley que debe aplicarse. La madre de todas las batallas hoy es esa”, enfatizó.
Goldman sostuvo que además es necesario transversalizar la perspectiva de discapacidad en todas las políticas públicas: “Cuando se diseña una política de género, de vivienda o de trabajo, hay que pensar cómo atraviesa eso a las personas con discapacidad. La ley 24.901 está desfinanciada y desactualizada. Sin ella, se desploma un sistema que garantiza atención gratuita y de calidad en todo el país”.
“Vamos a seguir luchando”
Consultado sobre las consecuencias de una eventual falta de respuesta del Gobierno, Goldman fue contundente: “No nos permitimos imaginar ese escenario. Nada en la vida de las personas con discapacidad fue fácil o sin lucha. Si no se aplica la ley, lo que habrá es más exclusión, más vidas injustas, más abandono. Pero vamos a seguir batallando hasta que la emergencia sea ley”.
Finalmente, adelantó que CAIDIS busca dialogar con legisladores nacionales de las comisiones de Presupuesto para que el tema sea incorporado en la discusión del Presupuesto 2026. “Estamos enviando cartas y pidiendo reuniones. No es sencillo, pero queremos que el tema discapacidad esté en la agenda. Necesitamos previsibilidad, un país que piense y planifique”, concluyó.
