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El economista y diputado nacional José Luis Espert, integrante de La Libertad Avanza (LLA), presentó formalmente ante la presidencia de la Cámara de Diputados un pedido de licencia hasta el 8 de diciembre, alegando “motivos particulares”. La solicitud fue elevada al presidente del cuerpo, Martín Menem, y no incluye la renuncia al goce de haberes, por lo que el legislador continuará percibiendo su dieta mensual durante el período de ausencia.
La decisión del ex candidato presidencial se da en un contexto político y judicial complejo, marcado por su reciente imputación en una causa por presunto lavado de dinero, que investiga sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y requerido por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, estafa y blanqueo de capitales.
Según la denuncia presentada ante la Justicia federal, Espert habría recibido al menos 200.000 dólares en 2020 provenientes de cuentas ligadas a una organización criminal. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, es quien impulsa la investigación que involucra al dirigente libertario, a quien se acusa de haber recibido fondos de una red mafiosa internacional.
El documento judicial sostiene que el dinero provendría de estructuras criminales radicadas en el Distrito Judicial Este de Texas, actualmente bajo proceso en los tribunales norteamericanos. Por esa razón, Estados Unidos solicitó la extradición de Machado, considerado una pieza clave en el entramado financiero ilícito que vincularía a Espert.
Un impacto político en el oficialismo
El pedido de licencia del diputado llega apenas semanas después de que renunciara a su candidatura a diputado nacional para las elecciones legislativas de octubre y también a su puesto como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, uno de los espacios más influyentes del Congreso.
En el oficialismo libertario, el caso generó malestar y preocupación. Si bien desde el entorno presidencial se evita un pronunciamiento público, fuentes cercanas al presidente Javier Milei admiten que se trata de un episodio que “erosiona la imagen de transparencia” que el Gobierno intenta sostener frente a la opinión pública.
En paralelo, la situación de Espert abre un dilema institucional: su permanencia con licencia y con sueldo dentro del bloque, mientras enfrenta un proceso penal, reaviva el debate sobre la necesidad de mayores controles éticos sobre los legisladores en funciones.
“No hay delito, hay una operación política”
El propio Espert rechazó las acusaciones y calificó la causa como “una operación política destinada a dañar a La Libertad Avanza y al presidente”. En declaraciones recientes, el economista afirmó: “Nunca tuve ni tengo ningún vínculo con el narcotráfico. Lo que están haciendo es ensuciarme porque saben que no pueden ganarme en el terreno de las ideas”.
Sin embargo, dentro del Congreso, el gesto de pedir licencia sin renunciar al sueldo fue leído con recelo incluso entre algunos aliados. Varios diputados opositores señalaron que, si los motivos son personales, “corresponde que el legislador renuncie al cobro de su dieta durante ese tiempo”.
El expediente judicial y sus consecuencias
La investigación que impulsa el fiscal Domínguez apunta a determinar el origen de los fondos que habrían ingresado en la cuenta personal del diputado en 2020, y si los mismos estaban vinculados a operaciones de lavado o a la intermediación de servicios financieros para el empresario Machado.
De comprobarse la conexión entre ambos, el caso podría derivar en un pedido de desafuero, un escenario que aún no se contempla en el corto plazo pero que preocupa al bloque oficialista. Por el momento, Espert conserva su banca, su dieta y su pertenencia formal al espacio de Milei, aunque se mantendrá fuera de actividad parlamentaria hasta diciembre.
Mientras tanto, en el Gobierno nacional aguardan el fallo de la Corte Suprema sobre la extradición de Machado a Estados Unidos, una decisión que podría tener repercusiones diplomáticas y políticas de alto impacto. En juego no solo está el destino judicial del empresario, sino también la credibilidad del discurso libertario basado en la transparencia, la honestidad y el orden.
En el cierre de un año signado por turbulencias políticas y escándalos judiciales, el caso Espert suma un nuevo capítulo de tensión interna en La Libertad Avanza, un espacio que enfrenta su primer gran test institucional desde su llegada al poder.
