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La medida que involucra a las pensiones por invalidez responde a múltiples denuncias sobre auditorías realizadas en San Ignacio y Concepción de la Sierra, donde —según Antúnez— participaron militantes políticos y no profesionales de la salud, sin médicos presentes y con documentación firmada en ausencia de los responsables.
Auditorías bajo sospecha
De acuerdo con el Consejo de Discapacidad, las auditorías no cumplieron con las condiciones mínimas de transparencia. En varios casos, los beneficiarios recibieron cartas documento de citación, pero al presentarse fueron atendidos por personas sin matrícula profesional. Otros nunca recibieron notificación previa y se enteraron de la suspensión de su pensión directamente en el cajero automático.
Antúnez explicó que esto vulnera derechos básicos, “muchísimas personas quedaron sin su único ingreso para poder vivir. No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso”, aseguró.
También alertó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tercerizó las auditorías en empresas privadas sin identificación clara, y que las comunicaciones oficiales, como el correo electrónico de reclamos, no funcionan por estar colapsados los buzones.
Avance judicial y acompañamiento social
La presentación judicial incluirá más de 100 casos testigos de personas con discapacidad, invalidez laboral, adultos mayores y beneficiarios en situación de extrema vulnerabilidad. El reclamo se hará en conjunto con la Fiscalía de Estado y con el acompañamiento de ONG.
Mientras tanto, el Gobierno de Misiones reforzó la asistencia social con recursos propios, destinando —según Antúnez— un 70% del presupuesto provincial a inversión social en salud, educación y alimentación. Sin embargo, subrayó que esta ayuda solo funciona como un paliativo: “Lo primero que pide la gente es una bolsa de mercadería, pero eso no es dignidad. La responsabilidad principal es del Gobierno Nacional”, expresó.
Un problema que trasciende Misiones
La situación denunciada en la provincia se repite en otras jurisdicciones del país como Neuquén y Formosa, donde también se cuestiona la falta de transparencia en las auditorías y se iniciaron medidas judiciales similares.
Antúnez señaló que el proceso comenzó en febrero con fuertes sospechas de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que derivó en la renuncia de varios de sus funcionarios.
El reclamo central
El pedido de Misiones a la Justicia es claro: restituir de manera inmediata todas las pensiones no contributivas suspendidas sin notificación válida y garantizar un proceso de auditoría transparente, profesional y accesible para las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.
En palabras de la titular del Consejo Provincial: “El Gobierno Nacional no puede desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo con transparencia y sin vulnerar derechos”.
La presentación judicial abre un nuevo capítulo en el conflicto por las pensiones no contributivas en Misiones. Con dos demandas en curso, más de un centenar de casos testigos y el acompañamiento de ONG, la provincia busca que la Justicia Federal restituya los beneficios suspendidos sin previo aviso y revise la legalidad de las auditorías. El planteo pone en el centro del debate la necesidad de un proceso transparente y profesional que no vulnere derechos ni agrave la situación de miles de personas en condición de discapacidad o invalidez laboral. Mientras tanto, el Estado provincial sostiene medidas de asistencia social como paliativo, pero insiste en que la responsabilidad principal recae en el Gobierno Nacional.
En Misiones los derechos no se negocian, se garantizan.
Hoy anunciamos nuestra presentación ante la Justicia Federal para frenar las bajas irregulares de pensiones no contributivas por discapacidad.
Muchas familias misioneras fueron vulneradas por auditorías mal realizadas, que… pic.twitter.com/sP73rRIFxC
— Lucas Romero Spinelli (@lucasaromero) August 28, 2025
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