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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York está próxima a resolver la suspensión solicitada por Argentina para posponer la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esta orden judicial se originó tras una condena en 2023 por parte de la jueza Loretta Preska, que obligó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012 sin ofrecer condiciones justas a todos los accionistas.
Desde entonces, la deuda ha aumentado debido a los intereses acumulados, generando una fuerte tensión legal y financiera para Argentina. La decisión de la Corte se espera para el próximo martes, y de no concederse la suspensión, el país podría ser declarado en desacato judicial, lo que implicaría el riesgo de embargos de activos estatales en Estados Unidos.
El gobierno argentino ha apelado y solicitado la suspensión hasta que se resuelva el recurso, pero la jueza Preska ha manifestado su impaciencia con las tácticas dilatorias y exige la entrega de las acciones. Por su parte, Burford Capital busca demostrar que el Estado y YPF no son entidades separadas para poder acceder directamente a los activos de la empresa.
Un dato clave es el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que apoya a Argentina argumentando que la entrega de acciones podría violar la inmunidad soberana del país, un factor que podría influir en la decisión final del tribunal.
Esta situación legal es crucial, ya que la resolución afectará la soberanía económica de Argentina y su relación con inversores internacionales, además de definir el futuro control sobre YPF.
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