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El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la decisión del presidente Javier Milei de vetar en su totalidad tres leyes de alto impacto social aprobadas por el Congreso: el aumento a las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Con esta medida, el Ejecutivo interrumpe la entrada en vigencia de normas que beneficiaban a distintos sectores vulnerables. El argumento oficial se centró en el elevado costo fiscal, que calculan en 17 billones de pesos.
Según el decreto 534/2025, la administración del presidente sostuvo que las iniciativas son "fiscalmente irresponsables". El Gobierno destacó que implicarían un gasto extra superior a los 7 billones de pesos durante 2025 y casi 17 billones en 2026. Esta cifra representa alrededor del 1% del Producto Bruto Interno estimado para el año en curso y un 1,68% hacia el próximo, nivel que consideran incompatible con las metas de equilibrio fiscal, al que la gestión califica de “innegociable”.
Además del factor presupuestario, la Casa Rosada cuestionó el proceso bajo el cual fueron sancionadas las leyes por el Congreso. El Ejecutivo acusó al Senado de haber aprobado los proyectos en una sesión sin citación previa y usando mayoría simple, cuando —sostienen— se requería una mayoría calificada de dos tercios por reglamento. Calificaron estas decisiones como “graves nulidades” y señalaron una “ilegítima interpretación del Reglamento”.
Que establecía la ley de jubilaciones que vetó Milei
En detalle, la ley de jubilaciones establecía un incremento de emergencia del 7,2% para beneficiarios y creaba un bono fijo mensual de $110.000, con actualización periódica, además de contemplar transferencias para las cajas previsionales provinciales. La moratoria previsional permitía a adultos mayores acceder a la jubilación sin los 30 años de aportes, ampliando las condiciones para obtener la Pensión Universal para el Adulto Mayor. La ley de discapacidad, por su parte, declaraba la emergencia en el área, preveía la creación de una nueva pensión no contributiva y otorgaba compensaciones económicas a los prestadores de servicios.
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El rechazo presidencial pone ahora la discusión nuevamente en manos del Congreso. Para que las iniciativas puedan convertirse en ley, será necesario que la oposición reúna una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. De esta manera, el debate en torno a la protección social y el ajuste fiscal se mantiene en el centro de la agenda política.
