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En medio de una fuerte disputa política con la oposición, el presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes que disponían un aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, dos normas que habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso.
Según fuentes oficiales, los vetos se publicarán este lunes en el Boletín Oficial, cumpliendo con los plazos legales. A partir de entonces, la oposición debería reunir dos tercios de los votos para insistir con los proyectos, algo que no ocurrirá en la sesión convocada para el próximo miércoles.
Estrategia de Milei y negociaciones en curso
Aunque ambas leyes fueron aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo demoró la firma de los vetos con una clara estrategia política: evitar que el debate vuelva rápidamente a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme no contar con los votos necesarios para sostener el rechazo presidencial.
En paralelo, la Casa Rosada negocia con gobernadores y bloques aliados para garantizar el respaldo al veto. Las conversaciones incluyen acuerdos puntuales y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como moneda de cambio, en un contexto político marcado por la mirada puesta en las elecciones del 26 de octubre.
Desde el Gobierno aseguran que ambas leyes son “fiscalmente inviables” y que su aplicación pondría en riesgo el objetivo de alcanzar el déficit cero, una de las metas centrales del plan de ajuste estructural impulsado por Milei. En esa línea, el mandatario ya había adelantado que vetaría cualquier iniciativa que implique un incremento del gasto público.
Qué decían las leyes vetadas por Milei
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Ley de Movilidad Jubilatoria: promovida por bloques dialoguistas y el peronismo, proponía una nueva fórmula de actualización que combinaba inflación y mejoras salariales, y garantizaba un piso de aumento mensual superior al esquema actual basado en decretos.
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Emergencia en Discapacidad: buscaba declarar la emergencia ante el recorte de fondos en el sector, y garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada en respuesta a los constantes reclamos de organizaciones sociales y familias afectadas por la discontinuidad en pagos y servicios esenciales.
