Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como “Vialidad”, el kirchnerismo reactivó un término con fuerte carga histórica en la política argentina: proscripción.
La palabra apareció nuevamente en discursos, comunicados y en la voz de referentes que denuncian que la ex presidenta fue víctima de una “persecución judicial para impedirle ser candidata”. Pero ¿qué significa realmente la proscripción?
Un concepto con peso en la historia argentina
En términos generales, la proscripción es la exclusión legal o forzada de una persona o grupo del ejercicio de derechos políticos, especialmente el de ser elegidos a cargos públicos. No se trata simplemente de una condena penal, sino de un mecanismo por el cual se impide la participación en el sistema democrático, ya sea por vía judicial, militar o administrativa.
En Argentina, el término evoca especialmente la etapa posterior al golpe de 1955, cuando el peronismo fue directamente ilegalizado como fuerza política. Durante casi dos décadas, el Partido Justicialista, sus símbolos y sus líderes estuvieron vetados del sistema electoral, lo que configuró un caso clásico de proscripción política.

El uso actual del término
El kirchnerismo sostiene que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta –que implica seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos– no es el resultado de un debido proceso, sino el producto de un plan político para eliminarla del escenario electoral.
Desde esa mirada, la inhabilitación judicial sería una forma moderna de proscripción, ejercida desde sectores del Poder Judicial y legitimada por fallos como el reciente de la Corte Suprema, que confirmó el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2.
“Lo que no pudieron ganar en las urnas, lo hicieron con las togas”, repiten dirigentes cercanos a la ex mandataria, quien tras la sentencia volvió a calificar a la Justicia como parte de un “partido judicial” funcional a intereses económicos y mediáticos.
¿Proscripción o consecuencia judicial?

Desde el punto de vista legal, los críticos de la narrativa kirchnerista sostienen que la condena no constituye una proscripción, sino la aplicación de las leyes penales a una funcionaria que fue hallada culpable de delitos durante su gestión. Argumentan que cualquier ciudadano condenado con sentencia firme por corrupción sería igualmente inhabilitado para ejercer cargos públicos, conforme a lo que dicta el Código Penal. Además, remarcan que el proceso judicial en la causa Vialidad respetó todas las garantías constitucionales.
Entre los argumentos que refutan la idea de un juicio ilegítimo, se destacan:
- La causa se inició por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y fue tramitada en la Justicia Federal, con intervención de fiscales, jueces, defensores y organismos de control.
- El proceso incluyó una investigación preliminar, requerimiento fiscal, elevación a juicio, juicio oral y sentencia con fundamentos. La defensa de Cristina Kirchner tuvo pleno acceso a la prueba y a ejercer el derecho a defensa.
- El juicio duró más de tres años y contó con cientos de testigos, peritajes y audiencias públicas, lo cual refuerza su transparencia.
- La condena fue apelada ante la Cámara de Casación Penal y posteriormente revisada por la Corte Suprema, que rechazó los planteos de nulidad, con lo cual se agotaron las instancias ordinarias de revisión.
Incluso sectores que no simpatizan con el oficialismo remarcan que, si el proceso hubiera sido arbitrario o sin pruebas suficientes, la Corte tenía facultades para anularlo, algo que no ocurrió. Por el contrario, ratificó la validez del proceso y del fallo condenatorio.
En ese sentido, la inhabilitación es una pena accesoria prevista en el Código Penal (art. 174, inciso 5°), y no un acto político de exclusión.
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Un debate político y simbólico
Más allá de lo estrictamente jurídico, el uso del término “proscribir” por parte del kirchnerismo apunta a construir una narrativa de victimización y resistencia, muy potente en términos electorales. La figura de Cristina Kirchner –aunque hoy no esté en la carrera presidencial– sigue siendo central en el armado del peronismo, y su condena se convierte en un nuevo eje discursivo de campaña.
Para muchos militantes, la proscripción no es solo la imposibilidad legal de ser candidata, sino un fenómeno más amplio: la marginación deliberada de líderes populares a través de herramientas institucionales. Para otros, se trata de una exageración retórica que busca impugnar el accionar judicial y evitar asumir responsabilidades penales.
CFK desde el PJ tras el fallo de la Corte: “El partido judicial le pone un cepo al voto popular”.
En un duro discurso, Cristina dijo que la condena es por “la redistribución del ingreso” https://t.co/hhFu6SJxP3— RadioUp (@radioup955) June 10, 2025



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