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En un contexto de aumentos generalizados, con listas de precios que llegan con incrementos de hasta el 14%, los supermercadistas buscan resistir. En diálogo con el programa "El país de la libertad", por Radio Up, el vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de Argentina (CONSYSA), Miguel Calvete, dio un panorama preocupante sobre el tema. “Las grandes productoras de alimentos trasladaron de forma directa la devaluación del peso al precio de góndola, con subas lineales del 12% al 13%, algo que no se justifica en muchos casos”, aseguró.
Según explicó Calvete, muchas compañías ya tienen su estructura de costos dolarizada a valores que rondan los $1600, cifra que manejan desde fines de 2023. “El problema es que no todos los componentes de los productos aumentaron. Ni la materia prima ni los salarios crecieron en ese porcentaje. Por eso hay una distorsión clara”, subrayó.
En medio de una disputa entre grandes jugadores, como COPAL (la cámara que agrupa a los principales fabricantes de alimentos) y ASU (la asociación que nuclea a los supermercados), también aparece el factor importaciones. Según Calvete, “las cadenas más grandes tienen acceso preferencial a importar productos, lo que genera una ventaja desleal”. Y advirtió: “Si los supermercados traen productos del exterior, deben cumplir con los mismos estándares que se exigen localmente”.
Por otro lado destacó que esta situación abre oportunidades para las PyME y economías regionales, que pueden posicionar segundas marcas o productos sustitutos. Sin embargo, el problema de fondo persiste: “Ni los grandes productores ni los grandes supermercados son inocentes en esta pelea. Y el consumidor es el que queda al margen, sin ver reflejados los supuestos beneficios en su bolsillo”.
Frente a este panorama, Calvete fue categórico sobre el rol del Estado: “En alimentos y medicamentos, incluso las economías más liberales del mundo intervienen. No necesariamente con controles de precios, pero sí con una fuerte regulación, con leyes de defensa de la competencia y contra posiciones dominantes”.
Además, ejemplificó con el caso de los enlatadores de duraznos en Mendoza: “Están pagando un 20% más por la hojalata nacional en comparación con el precio internacional. Eso genera un desincentivo enorme y deja en evidencia que hay prácticas abusivas que deben ser monitoreadas”.
Desde la Confederación piden una intervención efectiva de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia para evitar abusos en la formación de precios y garantizar condiciones justas en toda la cadena de valor.
La entrevista completa:
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