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La provincia de Buenos Aires enfrenta una de las inundaciones más severas de las últimas décadas, con casi 6 millones de hectáreas afectadas —3,8 millones directamente comprometidas— en la cuenca del río Salado. Según un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la magnitud del fenómeno deja fuera de producción vastas áreas agrícolas y proyecta pérdidas que podrían alcanzar los USD 2.000 millones.
El relevamiento, basado en imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, indica que alrededor de 2 millones de hectáreas permanecen bajo agua o anegadas, mientras que el resto presenta condiciones de inaccesibilidad que impiden las labores agrícolas. Se trata de superficies que, aunque no exhiben agua en superficie, quedaron totalmente improductivas por el deterioro del suelo.
Municipios más comprometidos por las inundaciones
La inundación golpea con mayor fuerza a distritos clave del centro bonaerense. Entre los partidos más afectados se encuentran Bolívar (169.224 hectáreas), 9 de Julio (136.797), Pehuajó (109.366), 25 de Mayo (106.838), Lincoln (106.102) y Carlos Casares (105.008). En conjunto, suman más de 4,5 millones de hectáreas impactadas, de las cuales más de 1,1 millones siguen bajo agua.
La situación ocurre en un momento crítico: la ventana de siembra para soja y maíz se cierra inminentemente. Carbap estima que más de 1,5 millones de hectáreas podrían quedar sin sembrarse, un escenario que implicaría un fuerte golpe para la economía regional. Si la superficie pudiera implantarse bajo la proporción habitual —60% soja, 40% maíz— el circuito económico perdería cerca de USD 2.000 millones en ingresos durante 2026.
Impacto económico y reclamos de los productores
El panorama de las inundaciones no solo afecta a los productores del sector agropecuario. Contratistas, transportistas, comerciantes, talleres y proveedores locales ya registran caída de actividad y recortes, mientras que los tres niveles del Estado verán disminuir su recaudación. “La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”, advirtió la entidad rural.
La cuenca del Salado —que abarca 17 millones de hectáreas, produce el 25% de los granos del país y concentra el 28% del stock bovino— arrastra nueve meses de inundación continua. Carbap atribuye gran parte de la crisis a la falta de avances en obras hídricas estructurales, especialmente el Plan Maestro del Río Salado, cuya ejecución continúa con más de una década de retraso.
Responsabilidades y cuestionamientos
Carbap señaló que los municipios, responsables del mantenimiento de la red vial rural mediante la tasa vial y otros tributos, no están destinando suficientes recursos a esa tarea, lo que derivó en caminos intransitables y un incremento de los costos logísticos.
A nivel provincial, la organización criticó que el presupuesto 2026 contemple un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario —equivalente a USD 70 millones adicionales— pero solo destine poco más de USD 4 millones al Plan Maestro del Salado.
En el plano nacional, recordó que el Estado recauda más de USD 1.000 millones al año en retenciones provenientes de esta región, además de un fondo hídrico alimentado por impuestos a los combustibles. Pese a ello, el Presupuesto 2026 no prevé partidas para obras en el Salado.
Frente a la magnitud del daño, Carbap pidió un compromiso inmediato y verificable de los gobiernos municipal, provincial y nacional, y fijó una meta concreta: que las obras del Plan Maestro del Río Salado estén finalizadas para 2030. La entidad insistió en que se trata de una obligación “moral, productiva y social” para evitar que millones de hectáreas continúen expuestas a episodios que ponen en jaque la economía de una de las regiones más productivas del país.
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