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En Argentina, un total de 4.119 niños, niñas y adolescentes estuvieron involucrados en el sistema penal juvenil durante 2024, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). El relevamiento se difundió en un contexto marcado por la discusión parlamentaria sobre la posible baja de la edad de imputabilidad.
De acuerdo al informe, al 31 de diciembre de 2024, 3.249 jóvenes se encontraban bajo medidas penales en territorio, mientras que 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad. Además, cuatro cumplían prisión domiciliaria y en un caso no se pudo determinar la modalidad de abordaje.
El CNPT destacó que ocho de cada diez adolescentes tuvieron medidas judiciales sin encierro, basadas en programas de acompañamiento, supervisión y redes sociocomunitarias. No obstante, el documento advierte una leve suba en la cantidad de jóvenes privados de la libertad, pese a que la tendencia general del sistema fue descendente.
Durante 2024, el Sistema Penal Juvenil contó con 174 dispositivos en todo el país: 75 destinados a medidas en territorio y 99 vinculados al encierro, de los cuales 63 fueron de privación de la libertad, 27 de restricción y nueve de aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, predominan los delitos contra la propiedad (57,1%), seguidos por los delitos contra las personas (13,9%) y los vinculados a la integridad sexual (7,5%).
Uno de los puntos más sensibles del informe es la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 adolescentes de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, 44 de ellos en lugares de encierro, pese a que la legislación vigente los considera no punibles.
El CNPT remarcó que estos casos no deberían ser abordados por el sistema penal, sino por los organismos de protección integral de derechos, tal como establece la normativa actual.
La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes, aunque Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires superan ampliamente ese promedio. Córdoba y Buenos Aires concentran el 75% de los adolescentes privados de la libertad.
Por último, el informe señala que más del 60% de los jóvenes con medidas de encierro tenían entre 16 y 17 años, y que más del 30% continúa detenido incluso después de haber cumplido los 18 años, lo que vuelve a encender el debate sobre el alcance y funcionamiento del sistema penal juvenil en el país.
