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El Gobierno nacional presentó una nueva apelación en la justicia de Estados Unidos con el objetivo de frenar la entrega de los mensajes y dispositivos personales de los ministros y exministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones.
Se trata del tercer recurso interpuesto por la defensa argentina, esta vez notificado ante el juzgado de primera instancia de Nueva York, dando inicio al proceso de apelación en la Corte de Nueva York. La presentación busca dejar sin efecto la orden de la jueza Loretta Preska, quien había exigido la entrega de los celulares y chats de los funcionarios.
El pedido de acceso a esa información forma parte del proceso de “discovery”, impulsado por el fondo Burford Capital, beneficiario de la sentencia. El objetivo es demostrar la figura del alter ego, es decir, probar si YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación funcionan como una extensión del Estado. De comprobarse, los demandantes podrían avanzar con embargos sobre esas empresas para cobrar la millonaria condena dictada en septiembre de 2023, que el Gobierno también apeló.
En julio, Preska había ordenado el embargo y la búsqueda de información en los dispositivos de funcionarios públicos mediante palabras clave vinculadas a YPF, Banco Nación y Aerolíneas. La jueza aclaró que no se accedería a datos de la vida privada, pero en septiembre ratificó su decisión y exigió el cumplimiento antes de fin de mes.
El Ejecutivo ya había presentado dos apelaciones anteriores, argumentando que la entrega de información sensible viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, afecta la soberanía nacional y no contribuirá a encontrar activos ejecutables del país.
Esta tercera apelación se suma a otros recursos que siguen pendientes en la Corte de Nueva York: uno busca impedir la entrega de acciones de YPF como parte del pago de la condena y otro intenta anular la sentencia de US$16.000 millones en su aspecto central.
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