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El Gobierno argentino presentó ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos el recurso para revertir el fallo que lo obliga a entregar acciones de YPF como forma de pago de la sentencia por US$ 16.000 millones derivada de la nacionalización de la compañía en 2012.
La apelación de YPF se apoya en cuatro ejes centrales:
- La justicia estadounidense no puede ordenar a un país soberano repatriar activos ubicados fuera de su territorio.
- La jueza Loretta Preska aplicó de manera incorrecta la ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre bienes en el extranjero.
- Se invoca la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) como resguardo para evitar la entrega de acciones.
- Se advierte sobre las consecuencias diplomáticas de forzar a un Estado extranjero a transferir activos estratégicos.
El proceso podría definirse en el primer trimestre de 2026, según estimaciones de fuentes vinculadas a la causa.
En respaldo a la postura argentina, el Gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae, advirtiendo que ordenar la entrega de acciones de YPF que se encuentran fuera del territorio estadounidense podría violar los límites de ejecución sobre bienes de Estados extranjeros que establece la FSIA.
Washington también alertó que este tipo de precedentes podría generar efectos negativos en las relaciones exteriores y abrir la puerta a represalias contra activos norteamericanos en otras jurisdicciones.
Por último, señaló que un eventual cumplimiento anticipado de la sentencia implicaría un daño irreparable para la Argentina: si más adelante la apelación resultara favorable, el país perdería definitivamente la posibilidad de recuperar las acciones ya transferidas.
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