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En medio de tensiones judiciales y políticas, el Gobierno argentino formalizó este martes 9 de julio su apelación contra el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF —hoy en manos del Estado— a los fondos demandantes liderados por Burford Capital. La presentación fue realizada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, sin aguardar la decisión pendiente sobre el pedido de “stay” (suspensión de ejecución del fallo).
El escrito fue firmado por el estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al país en la causa por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La decisión del Gobierno sorprendió por su anticipación: “El paso era esperado en tres semanas, dos semanas, una semana, no ahora”, explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.
Aunque no es ilegal, el hecho de avanzar sin esperar una definición sobre el “stay” podría tener consecuencias: si la jueza Preska exige garantías para conceder la suspensión y el país no las presenta, Argentina podría incurrir en desacato, un escenario que complicaría su credibilidad internacional en pleno intento de reinsertarse en los mercados.
Un fallo millonario por la expropiación
El caso se originó en 2015, cuando Burford Capital —un fondo especializado en litigios— adquirió los derechos de demanda de dos empresas que se consideraron perjudicadas por la estatización de YPF. En septiembre de 2023, la jueza Preska falló contra Argentina, al considerar que incurrió en mala praxis expropiatoria, y estableció una indemnización de 16.000 millones de dólares.
Aunque la sentencia fue apelada, la causa siguió avanzando en el tribunal de Preska, donde Burford solicitó embargos e incluso la cesión de las acciones de YPF como parte de un posible acuerdo de compensación. Según trascendidos, el Gobierno argentino espera otro fallo desfavorable en esa línea.
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“No se negocia nada”, aseguran en Casa Rosada
Desde el entorno del presidente Javier Milei aseguran que no habrá negociación con los demandantes, a quienes califican de “buitres”. Señalan también la existencia de “buitres domésticos” que, por razones políticas o económicas, buscarían debilitar la posición argentina para obtener beneficios en proyectos como Vaca Muerta.
“El Presidente fue claro: no se va a renunciar al derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, repiten en Casa Rosada.
Como parte de la estrategia, el Gobierno también solicitará el respaldo del Ejecutivo estadounidense para que presente una opinión en el expediente, tal como ocurrió el año pasado bajo la presidencia de Joe Biden.
Desde el oficialismo apuntan además a declaraciones del gobernador Axel Kicillof, a exfuncionarios y a estudios de abogados, a los que acusan de “alimentar a los fondos buitres” y especular con una posible negociación para obtener ventajas. En ese marco, insisten en que la estrategia será puramente judicial y que se mantendrá firme “hasta las últimas consecuencias”.
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— RadioUp (@radioup955) July 10, 2025
