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El ex presidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue condenado a cadena perpetua por insurrección, tras un fallo histórico emitido por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. La sentencia fue retransmitida en directo, dada la magnitud institucional del caso y el fuerte interés público en Corea del Sur.
El tribunal consideró probado que la declaración de ley marcial de emergencia constituyó un acto de insurrección, al transgredir la autoridad de la Asamblea Nacional. La resolución subrayó como elemento central del proceso el despliegue de tropas en el Parlamento, hecho interpretado como un intento de impedir el normal funcionamiento del Poder Legislativo.
Según la sentencia, la imposición de la ley marcial carecía de justificación constitucional, ya que no existía guerra, incidente grave ni emergencia nacional. En ese marco, los jueces concluyeron que Yoon buscó obstaculizar las funciones parlamentarias durante un período considerable, configurando una violación directa del orden institucional.
Durante el proceso, el equipo legal encabezado por Cho Eun-suk, abogado independiente, solicitó la pena de muerte para el ex mandatario. La acusación sostuvo que Yoon orquestó una ley marcial ilegal e inconstitucional, además de movilizar fuerzas militares y policiales con fines políticos.
La causa también incluyó cargos por intentar bloquear la votación legislativa destinada a levantar la ley marcial y por presuntos intentos de detención de figuras políticas relevantes, entre ellas líderes de los principales partidos y el presidente del Parlamento.
El fallo representa uno de los episodios judiciales más trascendentes de la política surcoreana reciente, con fuertes repercusiones en el escenario institucional del país.
