“La situación del sector es crítica y viene de arrastre. Esto no empezó ahora ni con este gobierno. Es una deuda de muchos años”, afirmó con contundencia Soledad Varela, especialista en discapacidad e integrante de diversas organizaciones de la sociedad civil. Y aclaró que lo que atraviesan hoy las personas con discapacidad y sus familias es el resultado de décadas de desidia política.
En diálogo con Radio Up, Varela fue enfática al describir el panorama: “Hoy hay familias que se endeudan para pagar una prestación. Esa es la situación real”. Se refirió también a los valores actuales de las pensiones: “Una pensión por invalidez laboral está en $300.000, redondeando. Que alguien me diga quién puede vivir con esa plata, más aún cuando hay una discapacidad de por medio”.

La activista explicó que las personas con discapacidad necesitan múltiples apoyos: “No es una sola terapia. Son varias. Y eso requiere logística, tiempo, dinero. Requiere vivir, y vivir implica un cúmulo de cosas”.
También denunció el desfinanciamiento del sistema y las demoras sistemáticas en los pagos a los prestadores: “Hoy un prestador no cobra antes de los tres meses. ¿Quién trabaja hoy para cobrar dentro de tres meses?”. Eso, según Varela, obliga a muchos profesionales a trabajar en forma privada, lo que encarece aún más las prestaciones para las familias.
“No alcanza la pensión, no hay trabajo, y si hay, se pierde la pensión”
Uno de los puntos más graves es el vínculo entre discapacidad y empleo. “Ocho de cada diez personas con discapacidad no consiguen trabajo, y estoy hablando de personas que están en condiciones de trabajar”, señaló. Pero incluso cuando hay oportunidades laborales, el sistema genera un nuevo problema: “Una pensión por invalidez es incompatible con un empleo en blanco. Entonces, muchos tienen miedo de buscar trabajo porque podrían perder la pensión, sin saber si van a cobrar lo suficiente para vivir”.
“Cuando contratás a una persona con discapacidad tiene que ser en igualdad de condiciones. Pero si no sabés cuánto va a cobrar o si va a poder sostenerse, le estás generando un problema extra”, agregó.

Frente a ese escenario, la Ley de Emergencia en Discapacidad —que fue aprobada por el Congreso pero podría ser vetada por el Poder Ejecutivo— aparece como una herramienta paliativa: “La ley viene a reparar una pérdida de décadas. No soluciona todo, pero intenta que el sistema no colapse por completo”.
Sin embargo, aclaró que sus efectos recién se verían en 2026, y que hoy no hay medidas concretas de parte del Gobierno nacional: “No creo que en el corto ni en el mediano plazo haya una mejora. No se vislumbran cambios. Las políticas que se están tomando hoy no apuntan a la inclusión”.
“Las organizaciones saben lo que el Estado no quiere ver”
Varela también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que “cumplen un rol fundamental, no solo ahora, sino desde siempre”. Según explicó, “son quienes están en contacto directo con las familias todos los días, quienes saben de primera mano cuáles son las prioridades, las necesidades, y la realidad”.
E insistió: “Cuando uno quiere hacer un buen trabajo por la inclusión, tiene que empezar por una organización. Ellas conocen el terreno, mientras el Estado sigue ausente”.
“Este sector también vota”
Más allá de los aspectos técnicos y económicos, Varela apuntó directamente a la falta de compromiso de la dirigencia política: “Cuando vos querés hacer ajustes, no podés seguir ajustando por el lado más débil. Este sector también vota. Y no somos pocos”.
Para ella, es hora de dejar de culparse entre gobiernos y empezar a actuar: “No importa quién estuvo, quién está o quién vendrá. Cada uno debería hacer lo que le corresponde desde el lugar que ocupa”. En ese sentido, repudió las discusiones partidarias que desvían el foco del verdadero problema: “Hay que dejar de meternos en chicanas políticas. Lo que estamos pidiendo es vivir con dignidad”.
Y remarcó que lo que reclaman las familias no es un capricho ni una ayuda, sino un derecho amparado legalmente: “Nosotros tenemos una convención internacional que nos avala, y en Argentina tiene fuerza de ley. Esto debiera estar garantizado por el Estado”.
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“¿Qué le espera a alguien con discapacidad sin red de apoyo?”
Varela también se refirió al impacto social y emocional que genera esta situación en las personas adultas con discapacidad que no cuentan con una familia o red de contención: “Si solo tienen la pensión, puede que no les alcance ni para comer. Y si no pueden acceder a las terapias que necesitan, eso deteriora su salud mental, física y emocional”.
Cerró la entrevista con una advertencia que interpela a toda la sociedad: “Esto no les pasa solo a otros. Todos, por edad o por accidente, podemos atravesar una discapacidad. Por eso, es urgente involucrarse, entender la realidad, acompañar y dejar de mirar para otro lado”.
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