La vicepresidenta destacó la medida anunciada por el Ministerio de Justicia de “auditar el curro de los derechos humanos” y recalcó que “hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH.”
Este marte, la vicepresidenta Victoria Villarruel celebró la suspensión de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, anunciada por el Ministerio de Justicia, reforzando su postura frente a la última dictadura cívico militar de 1976 – 1983.
“Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DD.HH. Auditar el curro de los DD.HH. que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cúneo Libarona y del presidente @JMilei”, escribió en su cuenta de X la presidenta del Senado.
Además, recordó un mensaje suyo de hace un año atrás, cuando reclamó: “Numerosas indemnizaciones se otorgaron a desaparecidos y familiares que requieren una revisión valiente por parte del Estado”. “Roberto Haymal montonero fue asesinado por los mismos montoneros, sin embargo cobró indemnización. El dolor no habilita al fraude”, había denunciado.
De acuerdo con el portal www.parlamentario.com, el Gobierno informó que “el ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos de irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
Más adelante, se detalló que “la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, añadió el comunicado oficial.
Por último, el comunicado señala que el ministerio de Justicia “articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, cerró el comunidado.
