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El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, solicitó este jueves que se ratifique el decomiso por $684.990.350.139,86 en la causa Vialidad, monto que había sido impugnado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados. Según la acusación, la cifra corresponde al perjuicio ocasionado al Estado por el redireccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
La ex presidenta, a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidió anular el cálculo al considerar que se trata de una resolución “arbitraria, infundada y contraria a la jurisprudencia”. Argumentaron que el tribunal transformó lo que en un primer momento fue presentado como una estimación provisoria en un monto definitivo “no susceptible de ser controvertido por las partes”, lo que a su criterio vulnera el derecho de defensa.
En la condena de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había fijado el decomiso en $84.835 millones, pero la suma fue actualizada por peritos de la Corte Suprema mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un perito de parte de la ex vicepresidenta, José Lucas Gaincerain, estimó que la cifra debía ascender a $42.494 millones, apenas un 6% de lo calculado oficialmente.
En su dictamen, Villar sostuvo que el decomiso “no es una pena ni una medida de seguridad, sino una consecuencia jurídica destinada a eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas ilícitamente”, y enfatizó que “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes”.
Además, el fiscal de la causa vialidad remarcó que la metodología de actualización fue debidamente fundamentada por el tribunal y que ninguno de los peritos de parte impugnó el uso del IPC. También rechazó los planteos presentados por las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda, por considerarlos extemporáneos.
Ahora, la Cámara de Casación —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— deberá resolver en los próximos días si confirma la postura de la fiscalía o hace lugar a los reclamos de la defensa de Cristina Kirchner. En caso de un fallo adverso, los abogados de la ex presidenta adelantaron que acudirán a la Corte Suprema y a instancias internacionales de derechos humanos.
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