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A casi medio siglo del crimen, la historia de Carlos Enrique Tereszecuk vuelve a la superficie con fuerza simbólica y judicial. Este martes 11 de noviembre, la jueza federal Zunilda Niremperger dará a conocer la sentencia por el derecho a la verdad en una audiencia que podrá seguirse simultáneamente desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, la Casa por la Memoria de Resistencia y el Espacio por la Memoria del Regimiento 9 de Corrientes.
La resolución buscará reconstruir, con rigor judicial, los hechos ocurridos en noviembre de 1976, cuando Tereszecuk fue secuestrado, torturado y asesinado en el marco del terrorismo de Estado, y su cuerpo arrojado al río Paraná.
El fiscal federal del Chaco, Diego Vigay, dialogó con Radio Up sobre la trascendencia de este caso, que podría marcar un precedente histórico en la justicia argentina. “Por primera vez podríamos demostrar judicialmente que en esta región existió una práctica sistemática del terrorismo de Estado de eliminar cuerpos arrojándolos al río Paraná”, señaló.
“El Paraná fue un destino final del horror”
El fiscal Vigay sostiene que el caso Tereszecuk trasciende la historia individual y se inscribe en una verdad colectiva que recién ahora puede ser dicha con contundencia judicial.
“Este proceso permite visibilizar algo que el terror quiso ocultar: que en el nordeste argentino el río Paraná fue usado como cementerio clandestino, como espacio de desaparición y ocultamiento de cuerpos”, explicó.
Las investigaciones permitieron reconstruir un patrón que vincula los casos de Carlos Tereszecuk, Julio “Bocha” Pereyra y Rómulo Artieda, cuyos cuerpos fueron hallados en la localidad correntina de Empedrado, a pocos kilómetros de Resistencia. Todos presentaban disparos de ejecución, ataduras y mutilaciones, y habían sido vistos por sobrevivientes en la Jefatura de Policía del Chaco, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura bajo control del Ejército.
“Esa coincidencia geográfica y temporal demuestra que no fueron hechos aislados. Existió una estructura, un método y una coordinación represiva que tenía al Paraná como destino final. Esto nunca antes se había acreditado judicialmente”, remarcó Vigay.
“El derecho a la verdad permite reparar cuando los responsables ya no pueden ser juzgados”
La familia de Carlos Tereszecuk presentó la denuncia en 1985, ante la CONADEP y el Juzgado Federal de Resistencia, encabezada por su hermano Norberto, quien durante décadas mantuvo viva la búsqueda.
Ante la muerte de los principales responsables —los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero—, la justicia avanzó bajo la figura del derecho a la verdad, que busca reconstruir judicialmente los hechos y otorgar una reparación simbólica.
“El derecho a la verdad tiene una dimensión profundamente humana. Permite que, aunque los culpables ya no estén vivos, el Estado reconozca su responsabilidad y deje constancia de la verdad histórica”, explicó Vigay. “Es una manera de reparar, de devolverle nombre y contexto a lo que el terror quiso borrar.”
El fiscal subrayó que cada sentencia de este tipo fortalece la democracia. “No se trata solo de mirar al pasado, sino de sostener un compromiso ético con el presente. La verdad judicial es una defensa frente al negacionismo y la impunidad.”
La vida y militancia de un joven comprometido
Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. De joven ingresó al seminario de Fátima en Córdoba, pero pronto eligió otro camino: el del compromiso social y político. En 1974 fue electo vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones, y en 1975 se incorporó al Partido Auténtico, acompañando a los diputados Juan Figueredo y Pablo Fernández Long como secretario legislativo.
Desde esa función impulsó proyectos en favor de los trabajadores domésticos, los tareferos, los colonos, los empleados públicos y los sectores más humildes, defendiendo los derechos laborales y sociales en una época convulsionada.
“Carlos representaba la generación que soñaba con una sociedad más justa”, señala Vigay. “Su militancia era solidaria, profundamente humana. Por eso fue perseguido.”
En 1975, un grupo de civiles armados intentó secuestrarlo dentro de la Cámara de Diputados de Misiones. Logró escapar, pero debió pasar a la clandestinidad. Un año después, mientras se encontraba refugiado en Corrientes, fue detenido y trasladado a la Jefatura de Policía del Chaco, donde fue visto con vida por última vez.
El hallazgo del cuerpo y el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense
El 15 de noviembre de 1976, un cuerpo fue hallado sin vida a orillas del río Paraná, en la localidad correntina de Empedrado, a unos 70 kilómetros río abajo de Resistencia. Presentaba disparos de arma de fuego, ataduras con alambre, mutilaciones en las manos y un corte abdominal realizado con precisión médica, destinado a evitar que flotara.
El cadáver fue enterrado como NN, pero en 2018, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificarlo como el de Carlos Enrique Tereszecuk, gracias a análisis genéticos y a la exhumación ordenada por la justicia.
“Ese hallazgo cerró una parte del dolor, pero abrió otra etapa: la de reconstruir judicialmente lo ocurrido”, explica Vigay. “La ciencia ayudó a comprobar lo que la memoria y los testimonios habían sostenido durante décadas: que Carlos fue asesinado por el terrorismo de Estado.”
Una verdad que emerge del río y se inscribe en la memoria colectiva
Para el fiscal, esta sentencia será un hito porque consolida una verdad colectiva: “El caso Tereszecuk une a Misiones, Corrientes y Chaco en una misma historia de memoria y justicia. La verdad no tiene fronteras provinciales; es una verdad del litoral, del país y de todos los que seguimos creyendo que el pasado debe decirse con todas las letras.”
El proceso se desarrollará de forma virtual, pero con una fuerte carga simbólica. “Las tres sedes de transmisión representan los tres territorios atravesados por esta historia. Que la universidad, los espacios de memoria y la justicia confluyan en un mismo acto es profundamente reparador.”
“Cada sentencia es una forma de memoria viva. No hay justicia sin verdad, y no hay verdad que perdure sin memoria. En este caso, la justicia está escribiendo lo que la dictadura intentó borrar: los nombres, los rostros, las historias que el río no pudo llevarse”, concluye el fiscal Vigay.
Un precedente para la historia judicial del nordeste
El caso Tereszecuk podría convertirse en el primer fallo en el país que reconoce el arrojamiento sistemático de cuerpos al río Paraná como práctica del terrorismo de Estado. Este reconocimiento judicial no solo reconstruye una verdad histórica, sino que resitúa al litoral argentino como escenario de crímenes de lesa humanidad, equiparando su relevancia a otras regiones donde la represión fue más visible.
Para los organismos de derechos humanos, la audiencia representa un acto de reparación moral y memoria activa, que reafirma el compromiso con las víctimas y sus familias.
El debate por la reforma laboral reabre la discusión entre productividad y derechos, en un contexto donde los trabajadores priorizan la flexibilidad y el bienestar. https://t.co/xcAnvawpgf pic.twitter.com/HsE6wzhY1A
— Radio Up 95.5 (@radioup955) November 9, 2025
