La coalición opositora de Venezuela, conocida como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), levantó una fuerte voz de denuncia contra lo que califican como una campaña deliberada de desinformación y mentiras por parte del régimen de Nicolás Maduro, en relación con el proceso electoral en curso para las presidenciales del 28 de julio. Según la PUD, esta estrategia busca confundir tanto a los ciudadanos venezolanos como a la comunidad internacional.
En un comunicado difundido en las redes sociales, la PUD lamentó las maniobras destinadas a impedir la inscripción de su candidata, Corina Yoris, elegida de manera unánime. Esto ocurre en medio de la persistente inhabilitación contra María Corina Machado, quien había ganado las primarias.
La coalición recalca que aún no determinó un candidato definitivo, indicando que la inscripción de Edmundo González Urrutia fue una medida para preservar la tarjeta electoral de la coalición y continuar los esfuerzos para lograr que Maduro permita la postulación de la opción electoral elegida libremente por la oposición.
La PUD reafirma su compromiso con la vía electoral y exige que el régimen cumpla con los acuerdos establecidos, particularmente el Acuerdo de Barbados, que incluye el respeto a los candidatos elegidos por las partes involucradas. Recientemente, representantes de la PUD se reunieron con funcionarios del gobierno y del oficialismo, bajo mediación noruega, que estuvo facilitando las negociaciones en Venezuela.
Mientras tanto, María Corina Machado alertó sobre el riesgo de ser detenida injustamente, especialmente en el contexto de la discusión parlamentaria sobre una ley «contra el fascismo», que parece dirigirse contra aquellos que se oponen al régimen de Maduro. Machado, insta a la comunidad internacional a intensificar su apoyo para asegurar elecciones libres y justas.
Bajo el título de «Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares», esta iniciativa, presentada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, generó preocupación por sus posibles implicaciones para las libertades civiles y políticas en el país.
El proyecto, compuesto por cuatro capítulos y 30 artículos, supuestamente busca preservar la convivencia pacífica y la democracia, así como prevenir expresiones violentas asociadas al fascismo. Sin embargo, críticos y la oposición denuncian que en realidad tiene como objetivo proscribir a los opositores y censurar las redes sociales.
Rodríguez hizo referencia a las protestas antigubernamentales de años anteriores, acusando a «sectores extremistas» de intentar desestabilizar el país y de buscar el poder político. Entre las medidas propuestas en el proyecto se incluye la prohibición de difundir mensajes que promuevan la violencia como método de acción política, así como la creación de una comisión contra el fascismo y una red internacional de lucha contra esta ideología.
Las sanciones previstas por incumplimiento de la ley no fueron detalladas, pero se mencionó la imposición de sanciones penales y administrativas. Este proyecto surge en medio de acusaciones cruzadas entre el régimen de Maduro y la oposición, con el gobierno señalando supuestos intentos de violencia política por parte de la oposición, mientras que esta última denuncia medidas para perpetuar el poder por parte del régimen, incluyendo la inhabilitación de figuras opositoras prominentes como María Corina Machado.
(Fuente: Infobae, CNN)
