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Las universidades nacionales volverán a protagonizar un fuerte conflicto con el Gobierno nacional. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que contempla mejoras salariales, recursos para becas, obras de infraestructura y fondos para garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior.
La universidad pública enfrenta una nueva semana de conflicto nacional
La medida fue confirmada tras las últimas reuniones mantenidas entre representantes del sistema universitario y la Secretaría de Educación. Además del cese de actividades, durante los próximos días se llevarán adelante clases públicas, jornadas de difusión y acciones de visibilización en distintos puntos del país para exponer la situación que atraviesan las casas de estudio.
Desde los gremios sostienen que las universidades continúan operando en un escenario de fuerte restricción presupuestaria. Según plantean, la falta de actualización de partidas afecta tanto a docentes y trabajadores no docentes como a estudiantes, debido al impacto sobre becas, mantenimiento edilicio y servicios esenciales.
En medio de la negociación, el Gobierno presentó una propuesta al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que incluye una recomposición salarial del 21,33% para junio, un incremento adicional del 3% en octubre, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y refuerzos presupuestarios destinados a becas y hospitales universitarios.
Sin embargo, el conflicto excede la cuestión salarial. Las autoridades universitarias rechazaron una condición planteada por el Ejecutivo que implicaría desistir de la demanda judicial vinculada al financiamiento del sistema universitario. Las universidades decidieron mantener la acción legal y continuar con el reclamo en los tribunales.
En ese contexto, la Corte Suprema también intervino en la disputa al desestimar un pedido del Estado nacional para apartar a los jueces que intervienen en la causa. El máximo tribunal consideró que el hecho de que los magistrados desarrollen actividades docentes en universidades públicas no representa un motivo válido para excluirlos del expediente.
Mientras las conversaciones siguen abiertas, los sindicatos universitarios ratificaron el estado de alerta y confirmaron el plan de lucha. De no alcanzarse un acuerdo en las próximas semanas, el conflicto podría profundizarse durante el segundo semestre y afectar el normal desarrollo del calendario académico en universidades de todo el país.
