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La Cámara de Diputados debatirá este martes los fondos destinados a las universidades nacionales en el Presupuesto 2027, en un escenario de tensión entre el Gobierno nacional y las instituciones educativas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La exposición comenzará a las 10 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde estarán presentes el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Los funcionarios defenderán la política educativa del oficialismo y explicarán las partidas previstas para el próximo año. La discusión se produce después de la masiva movilización universitaria realizada la semana pasada frente al Congreso Nacional, que terminó con incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.
La diferencia entre los fondos previstos y los reclamados
Uno de los principales puntos de conflicto es la asignación presupuestaria para las universidades. El proyecto del Gobierno contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que estas instituciones reclaman $11 billones para financiar sus necesidades.
La diferencia entre ambas cifras se suma a la controversia por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y las disposiciones legales que regulan la asignación de recursos públicos.
En ese marco, Álvarez sostuvo en publicaciones en redes sociales que la norma aprobada por el Congreso asigna fondos sin ajustarse a los mecanismos establecidos en la Ley de Administración Financiera.
El funcionario citó el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece: “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Según la interpretación del subsecretario, el Poder Ejecutivo cumplió con la obligación de promulgar la ley y suspender su ejecución por considerar que no contaba con los recursos asignados. También afirmó que el Gobierno acató la medida cautelar dictada en la causa judicial. Álvarez agregó que el expediente se encuentra apelado ante la Cámara y sostuvo que la administración nacional actúa “plenamente a derecho”.
Los requisitos que establece el proyecto para las universidades
La iniciativa presupuestaria también incorpora obligaciones para las universidades nacionales en materia de información y control de los recursos públicos.
En concreto, establece que las instituciones deberán presentar ante el Ministerio de Capital Humano los datos necesarios para asignar, ejecutar y evaluar las transferencias que reciben por distintos conceptos. En caso de incumplimiento, el proyecto habilita la interrupción de esos envíos de fondos.
Además, dispone que los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable y las cuentas de inversión de cada universidad deberán identificar la clasificación funcional correspondiente a educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación.
Otro de los puntos establece que los aumentos salariales previstos para 2027 se aplicarán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes al momento de la liquidación de noviembre de 2026. La excepción serán los incrementos de personal que autorice el Ministerio de Capital Humano.
El presupuesto educativo prevé recortes en distintos programas
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $9,8 billones para el área de Educación y prevé reducciones en distintas partidas.
Entre los programas alcanzados se encuentran las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, las iniciativas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.
En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización registra un incremento significativo, con una asignación prevista de $773.000 millones.
La iniciativa también mantiene el reparto automático de recursos educativos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, destinados a cubrir gastos vinculados específicamente con la finalidad y función de educación.
El debate en la Cámara de Diputados permitirá conocer los argumentos del Gobierno sobre las partidas previstas para el próximo año, en medio de las diferencias con las universidades nacionales por el financiamiento del sistema público de educación superior.
